NOTICIA PUBLICADA POR VICTORIA SALINAS EN LEVANTE-EMV
Suma y sigue. La decisión tomada por la exconsellera de Sanidad, Carmen Montón, de despedir a una decena de directivos del hospital de la Ribera, en Alzira, el día después de que su gestión volviera a manos públicas sigue dando disgustos a la administración año y medio después. De los 13 directivos que fueron despedidos ese día, entre ellos el exgerente, Javier Palau, diez han conseguido ya en tribunales sentencias favorables y cinco de ellos han optado, de hecho, por acogerse a su derecho a reincorporarse a su puesto de trabajo aunque solo tres permanecen actualmente en el hospital.
En total, y según cálculos realizados por la plataforma Sanitat Sols Una, que se opuso al proceso de reversión desde el principio, el goteo de sentencias condenatorios a favor de los extrabajadores de Ribera Salud le habría costado ya a la administración cerca de 700.000 euros, mucho más de lo previsto en su día con el pago de las indemnizaciones por despido.
Y es que, según apunta el presidente de esta plataforma, Carlos Rodrigo, por cada sentencia a favor que se dicta, «se suma el pago de los salarios que se han dejado de abonar durante este tiempo y de las vacaciones no disfrutadas y los intereses, que es realmente lo que está subiendo la cuenta en este proceso», explica Rodrigo.
Las sentencias a favor de los trabajadores despedidos y en contra de la administración son ya 14 (cuatro de ellos emitidas por el Tribunal Superior de Justicia ratificando resoluciones en primera instancia) por lo que todo apunta a que los procedimientos que aún quedan pendientes tendrán el mismo final.
Las resoluciones que los tribunales de lo Social están dictando apuntan a la falta de argumentación, por parte de la conselleria, de las «causas organizativas» que justifican la finalización de los contratos ya que, en todos los casos, los puestos y tareas de las personas despedidas se siguen realizando.
Con estos mimbres, los fallos judiciales dan la opción a los trabajadores despedidos a optar por la indemnización correspondiente o a reincorporarse a su puesto.
El último en optar por esta última opción ha sido el exdirector de Comunicación y Marketing con Ribera Salud, que ha vuelto en septiembre a su puesto de trabajo. Reincorporaciones como la suya y la del director económico-financiero de la época de gestión privada han provocado, además, que se den situaciones «complicadas» de gestionar como la coincidencia de dos personas con, en principio, el mismo puesto ya que los despedidos que se reincorporan «deben hacerlo con el mismo sueldo y el mismo puesto que tenían».
De esta forma, y según destacan desde la plataforma, ahora mismo en el hospital de la Ribera hay dos directores económicos financieros y otros dos directores de comunicación después de acatar los fallos judiciales aunque «otra cosa son las funciones que les han asignado tras la readmisión».
«Fuimos muy críticos con la reversión pero se justificó en un aumento de la calidad del servicio y una rebaja de los costes que no se han dado y el problema de los despidos es algo que estamos pagando entre todo», añadió.
Convenio paralizado
Mientras se acumulan las resoluciones judiciales por los despidos del 1 de abril de 2018, a la Conselleria de Sanidad se le acumula también otro problema con difícil solución: la negociación del convenio colectivo de los trabajadores de la Ribera, paralizada desde principios de año. El comité de empresa acaba de instar de nuevo a la directora general de Recursos Humanos a una reunión para poner sobre la mesa los derechos laborales de los trabajadores subrogados. Su condición de personal laboral a extinguir podría suponer un problema a la hora de ejercer derechos que se pensaban consolidados como la jubilación parcial anticipada o la movilidad interna entre departamentos.