LAS PROVINCIAS 28/09/19
https://www.lasprovincias.es/comunitat/exodo-medicos-cuesta-20190925203446-nt.html
Es una verdadera pena que la fuerte inversión que realiza la administración para la formación de médicos especialistas termine exportándose a otros países que se benefician de la excelente formación médica de nuestro país». La presidenta del Ilustre Colegio de Médicos de Valencia, la doctora Mercedes Hurtado, lamenta así que se esté produciendo esta fuga de profesionales de la medicina con alta formación motivada, bajo su percepción, por unas mejores condiciones retributivas, laborales y de reconocimiento profesional. Este éxodo de profesionales, que el Sindicato Médico calcula que este año se elevará a 400 en la Comunitat, supone un coste de formación cercano a los 15 millones de euros anuales, cifra que se dispara en los casos en las que los alumnos realizan el MIR en la región.
El coste de los estudios universitarios se reparte entre las propias instituciones -incluyendo las aportaciones de las administraciones públicas que las financian, que suponen el mayor ingreso con diferencia-, y las tasas de matrícula que abona el alumno. Hacer el cálculo no es sencillo, pues influyen muchos factores, desde el tipo de instalaciones y equipos de la facultad (más o menos costosos), hasta el perfil del profesorado, pasando por la cantidad de alumnos por aula. Sin embargo sí se pueden plantear aproximaciones, que coinciden con las únicas referencias oficiales que existen.
En la actualidad, en la Comunitat, los universitarios asumen entre el 15% y el 20% del coste total de los estudios que cursan. Para entender el cálculo hay que echar la vista atrás, hasta el verano de 2012, cuando tras el decreto de racionalización del gasto educativo se modificó el procedimiento para fijar las tasas de matrícula. Entonces el Gobierno estableció que los alumnos deberían asumir entre el 15% y el 25% del coste total de sus carreras, dejando que las comunidades decidieran el porcentaje exacto. En la valenciana se optó por un 20% para la primera matrícula, fijándose el precio del crédito en el caso de Medicina en 24,64 euros. Sin embargo este valor ha cambiado con el Botánico tras la bajada de las tasas hasta situarse en 21,16 euros. Aunque oficialmente se desconoce el porcentaje que se empleó, no ha llegado a ser inferior del 15%. Y esto es lo que permite la aproximación.
En el mejor de los casos, en el que el alumno asume la parte más baja de la horquilla (el 15% del crédito, que equivale a 21,16 euros) implicaría que la administración y las universidades asumen el 85% restante del coste formativo, lo que se traduciría en 119,9 euros. Si se multiplica esta cantidad por los 360 créditos de la carrera, cada estudiante cuesta a estas últimas 43.166 euros. En el caso de tomar el porcentaje más elevado del caso valenciano (20%), la cifra se reduciría a 30.470 euros por alumno. Es lógico teniendo en cuenta que si el estudiante aporta más dinero, menos le cuesta a la otra parte. Por último, tomando el término medio, que sería el más ajustado a la situación actual tras la bajada de las tasas del Botánico, se puede inferir que el universitario asume el 17% del gasto que supone su formación. En este caso, el 83% que compete a administraciones y universidades se traduce en 37.191 euros por estudiante (103,31 por crédito). Y si esta cuantía se multiplica por los 400 médicos que se van al extranjero (asumiendo que todos se formaron en la Comunitat), el coste para las instituciones públicas se eleva a 14,8 millones de euros.
La cifra es más o menos coincidente con las escasas aproximaciones que se han hecho sobre la materia. En un reciente informe impulsado por el Consejo Estatal de Estudiantes de Medicina, el Foro de la Profesión Médica y la Conferencia de Decanos de Facultades de Medicina -en la que abogaban por no autorizar nuevas carreras ante el riesgo de saturación del sector y la pérdida de talento ya formado-, se utilizaba como argumento que cada alumno implicaba un gasto de 6.000 euros anuales. Es decir, unos 36.000 teniendo en cuenta que la carrera dura seis años. Aunque se dejaba claro que no era un cálculo propio de las organizaciones, se utilizaba para argumentar el elevado coste financiero que supone formar médicos con el riesgo de que no puedan ejercer en España.