PUBLICADO POR EL MUNDO COMUNIDAD VALENCIANA (30/09/19)
VICENTE USEROS
https://www.elmundo.es/comunidad-valenciana/2019/09/30/5d90c94d21efa083308b4634.html
La directora general de Recursos Humanos de Sanidad, Carmen López, ha recibido dos respuestas -que han supuesto dos jarros de agua fría- por parte de la Abogacía de la Generalitat Valenciana a sus pretensiones para el personal del Hospital de la Ribera que fue incorporado a la plantilla pública del servicio valenciano de salud el 1 de abril de 2018, tras la reversión del centro de Alzira.
Los sindicatos que negocian con la Conselleria (UGT, CCOO, CSIF, Cemsatse y Simap) disponen de dos informes en los que se aprecia claramente que la directora general buscó respuestas ante al órgano consultivo para poner en marcha el convenio colectivo que lleva atascado meses sin ningún atisbo de resolverse. El problema se halla en que, en los dos textos, la Abogacía ha ido tumbando cualquier posibilidad de incorporar mejoras para los trabajadores del hospital de Alzira con las que Carmen López quería activar el convenio que afecta a 1.950 empleados.
El resultado se ha convertido en una encrucijada que perjudica especialmente a los trabajadores que ya ven un escollo irresoluble por la incapacidad de la Dirección General de Recursos Humanos.
López, a sabiendas de que la mayoría de la plantilla se encuentra en un limbo legal al tener la consideración de personal ‘a extinguir’, preguntó por: la aplicación de la jubilación parcial anticipada, el procedimiento de promoción interna y movilidad interna, ampliación de jornada completa de los contratos de carácter indefinido a tiempo parcial y por las cláusulas de estabilidad en el empleo. Unas condiciones laborales que no se contemplan en la figura del empleado ‘a extinguir’ y que la directora general de Recursos Humanos conocía.
Pese a saber que eran cuestiones excluidas de la negociación colectiva del convenio de los trabajadores de La Ribera, López insistió en dos ocasiones a la Abogacía y, por tanto, contribuyó a que el convenio de la plantilla, que proviene de una concesión administrativa, quedara enquistado sine die.
Una congestión sin ningún tipo de avance como demuestra que, desde las dos últimas reuniones con los sindicatos a primeros de año (el 10 de enero y el 7 de febrero), la negociación del convenio se mantiene paralizada.
El primer informe de la Abogacía que esgrimen los sindicatos -que se quejan del colapso del convenio colectivo-, está fechado el 21 de enero de 2019. En ese informe se tilda de «anclaje normativo utilizado por las Cortes Valencianos» el procedimiento que se usó «para integrar en la Generalidad a los trabajadores de servicios públicos internalizados».
Se recuerda, de igual modo, en el texto legal, que el personal afectado procedente de Ribera Salud II UTE «seguirá en sus puestos en condición de personal ‘a extinguir’, desempeñando sus tareas y con idéntica condición de personal laboral hasta que cese por las causas legales de extinción de los contratos laborales previstas en el Estatuto de los Trabajadores».
Se recuerda además que existen en el derecho laboral «zonas de exclusión de la negociación colectiva» y se recalca la excepcionalidad y transitoriedad de la figura del personal ‘a extinguir’, así como «la existencia de un estatuto propio para este colectivo». Dicho de otro modo, los trabajadores ‘a extinguir’ no pueden acogerse a la jubilación parcial anticipada, el procedimiento de promoción interna y movilidad interna, a la ampliación de jornada completa de los contratos de carácter indefinido a tiempo parcial y a las cláusulas de estabilidad en el empleo, según la abogacía, hasta que abandonen la figura de ‘a extinguir’.
Segundo informe
No contenta con las rotundas advertencias de la Abogacía, López volvió a reformular las mismas cuestiones y recibió otro informe del órgano jurídico de la Generalitat Valenciana 10 días más tarde (31 de enero de 2019). Dicho informe, en definitiva, significó otro varapalo contra la directora general porque en sus conclusiones desmontó uno por uno los argumentos de Carmen López.
«No es posible reconocer la jubilación parcial al personal a extinguir […] al prever que continuará en su puesto de trabajo hasta que cese e impide novar su tiempo completo por otro a tiempo parcial de jubilación parcial», según se expone en el segundo dictamen de la Abogacía que también avisa de que el personal ‘a extinguir’ «no puede ascender de categoría porque el convenio limita la promoción interna a plazas de nueva creación o vacantes, las cuales deben ser cubiertas por personal estatutario».
De igual modo, niega que el personal ‘a extinguir’ con jornada a tiempo parcial pueda convertir su contrato en otro de tiempo completo «por que tanto el convenio como la jurisprudencia exigen para ello extinguir el contrato originario».
Por último, recuerda que denunciado el convenio, «éste mantendrá su vigencia con carácter indefinido porque en él se ha previsto la prórroga legal del mismo hasta que se alcance un acuerdo expreso sobre un nuevo convenio».
malestar
Ante esta situación de parálisis, los sindicatos integrantes del comité del empresa del Hospital de La Ribera ya han advertido de su malestar con la consellera de Sanidad, Ana Barceló, por la falta de interlocución y por la paralización del convenio colectivo que afecta ya a las condiciones laborales de los trabajadores del centro.
Los sindicatos han criticado además la poca sensibilidad que ha mostrado la Administración con el hospital de Alzira: «Nos emplazaban siempre a la negociación del nuevo convenio y en todo este tiempo no nos hemos reunido y los laborales estamos perdiendo derechos. No nos parece correcto y hemos tenido paciencia y la única vía es la judicial».