El 14 de septiembre de 2018, la consellera de Sanidad, Ana Barceló, firmó un pacto con los sindicatos en el que se comprometía a «iniciar la tramitación correspondiente para que los puntos de atención continuada sean atendidos con vehículo y conductor», tal y como reza el documento suscrito para paliar los problemas que estaba ocasionando la finalización del contrato con las ambulancias que, hasta ese momento, prestaban el servicio. Un año después los turismos al fin empiezan a llegar a estos centros sanitarios, pero tendrán que ser los propios profesionales -enfermeros y médicos, principalmente- los que tengan que conducirlos, lo que ha puesto en pie de guerra al personal sanitario. Tanto que el Sindicato Médico CESM-CV ha denunciado el caso ante la Inspección de Trabajo -«por las irregularidades y el abuso de Sanidad»-, mientras que los servicios jurídicos de CSIF estudian emprender acciones legales contra esta medida.
Así, desde el Sindicato Médico recordaron ayer que, para aprobar la oposición pertinente o estar inscrito en la Bolsa de Trabajo, «tan sólo se requiere el título de la categoría profesional y no el carnet de conducir» y lamentaron que, de manera verbal, «cuasi-coactivamente, se intima a los médicos utilizar estos vehículos personalmente, y sin contar con su voluntad». «Ellos no tienen ninguna obligación de conducir ni el vehículo de la Administración, y mucho menos el propio, para el desarrollo de su trabajo. Es la Administración la que debe dotar de los medios materiales y humanos para la prestación del servicio sanitarioal que tienen derecho los ciudadanos», según recoge la denuncia interpuesta.
«La situación no ha cambiado, faltan pediatras». Tanto el Sindicato Médico como la Sociedad Valenciana de Pediatría y la Sociedad Española de Pediatría Extra Hospitalaria y Atención Primaria coinciden en la carencia de estos profesionales que arrastra la Comunitat y que se traduce en demoras para los pacientes, tanto para ser atendidos en los centros de salud como para pasar por el quirófano.
En concreto, según los últimos datos difundidos por la Conselleria de Sanidad referentes al pasado mes de junio, la espera media registrada en cirugía pediátrica asciende a 124 días -algo más de cuatro meses-, lo que supone un aumento de dos semanas más de demora con respecto al mismo mes del año anterior, y roza ya los 131 días que se contabilizaban en 2017. En comparación con cirugía general, las esperas se hacen más patentes. La demora específica de los pequeños es casi un mes y medio más extensa, puesto que pasa de 82 a 124 días y está cerca de duplicarla. Al respecto, Andrés Cánovas, secretario general del Sindicato Médico de la Comunitat (CESM-CV) lamentó que durante los últimos seis o siete años «no ha habido residentes de cirugía pediátrica y, al no formarse en esta especialidad, no hay apenas cirujanos pediátricos, por lo que en muchas ocasiones los terminan interviniendo otros especialistas».
En Atención Primaria la situación no es mucho mejor y en algunos centros de salud, por ejemplo de Paterna, los pacientes tienen que esperar hasta once días para tener cita con su pediatra. En la actualidad, asimismo, cerca de 200 plazas de pediatra en los ambulatorios están cubiertas por médicos que no tienen esa especialidad, un problema que se agrava en las poblaciones más alejadas de las ciudades más grandes, especialmente Valencia. Sobre ello, Carlos Paredes, presidente de la Sociedad Valenciana de Pediatría, apunta que centros ubicado en Favara o Cullera, por ejemplo, sufren esta situación. Paredes lo achaca a varios factores, como que la lejanía de las ciudades más grandes las hace poco atractivas, mientras que las preferencias de los MIR se centran en los hospitales. Asimismo, agrega que «cada año aumentan las solicitudes de pediatras de los hospitales para poder cubrir las necesidades», de ahí que en ocasiones ‘rescaten’ a profesionales de los centros de salud. Cánovas, al respecto, agrega que «en la última hornada han salido unos 30 pediatras, y la mitad se han quedado en los hospitales con contratos basura de guardia, otros se han ido al extranjero donde ganan mucho más y tendremos disponibles cinco o seis», con lo que apenas se resuelve la carestía actual.
Además, el portavoz del Sindicato Médico advierte de que el número de nuevos pediatras previsto para los próximos cinco años -entre 150 y 160 según los cálculos de Cánovas- apenas aliviará la situación, puesto que en este lustro se espera la jubilación de un centenar de los actuales profesionales en activo en la sanidad pública valenciana. «El Ministerio de Sanidad tienen que tomar cartas en el asunto y, como mínimo, duplicar el número de residentes durante los próximos años», agrega. Paredes, por su parte, reclama incentivos para los destinos más alejados, por ejemplo para el alquiler en zonas turísticas.
Suma y sigue. La decisión tomada por la exconsellera de Sanidad, Carmen Montón, de despedir a una decena de directivos del hospital de la Ribera, en Alzira, el día después de que su gestión volviera a manos públicas sigue dando disgustos a la administración año y medio después. De los 13 directivos que fueron despedidos ese día, entre ellos el exgerente, Javier Palau, diez han conseguido ya en tribunales sentencias favorables y cinco de ellos han optado, de hecho, por acogerse a su derecho a reincorporarse a su puesto de trabajo aunque solo tres permanecen actualmente en el hospital.
En total, y según cálculos realizados por la plataforma Sanitat Sols Una, que se opuso al proceso de reversión desde el principio, el goteo de sentencias condenatorios a favor de los extrabajadores de Ribera Salud le habría costado ya a la administración cerca de 700.000 euros, mucho más de lo previsto en su día con el pago de las indemnizaciones por despido.
Y es que, según apunta el presidente de esta plataforma, Carlos Rodrigo, por cada sentencia a favor que se dicta, «se suma el pago de los salarios que se han dejado de abonar durante este tiempo y de las vacaciones no disfrutadas y los intereses, que es realmente lo que está subiendo la cuenta en este proceso», explica Rodrigo.
Las sentencias a favor de los trabajadores despedidos y en contra de la administración son ya 14 (cuatro de ellos emitidas por el Tribunal Superior de Justicia ratificando resoluciones en primera instancia) por lo que todo apunta a que los procedimientos que aún quedan pendientes tendrán el mismo final.
Las resoluciones que los tribunales de lo Social están dictando apuntan a la falta de argumentación, por parte de la conselleria, de las «causas organizativas» que justifican la finalización de los contratos ya que, en todos los casos, los puestos y tareas de las personas despedidas se siguen realizando.
Con estos mimbres, los fallos judiciales dan la opción a los trabajadores despedidos a optar por la indemnización correspondiente o a reincorporarse a su puesto.
El último en optar por esta última opción ha sido el exdirector de Comunicación y Marketing con Ribera Salud, que ha vuelto en septiembre a su puesto de trabajo. Reincorporaciones como la suya y la del director económico-financiero de la época de gestión privada han provocado, además, que se den situaciones «complicadas» de gestionar como la coincidencia de dos personas con, en principio, el mismo puesto ya que los despedidos que se reincorporan «deben hacerlo con el mismo sueldo y el mismo puesto que tenían».
De esta forma, y según destacan desde la plataforma, ahora mismo en el hospital de la Ribera hay dos directores económicos financieros y otros dos directores de comunicación después de acatar los fallos judiciales aunque «otra cosa son las funciones que les han asignado tras la readmisión».
«Fuimos muy críticos con la reversión pero se justificó en un aumento de la calidad del servicio y una rebaja de los costes que no se han dado y el problema de los despidos es algo que estamos pagando entre todo», añadió.
Convenio paralizado
Mientras se acumulan las resoluciones judiciales por los despidos del 1 de abril de 2018, a la Conselleria de Sanidad se le acumula también otro problema con difícil solución: la negociación del convenio colectivo de los trabajadores de la Ribera, paralizada desde principios de año. El comité de empresa acaba de instar de nuevo a la directora general de Recursos Humanos a una reunión para poner sobre la mesa los derechos laborales de los trabajadores subrogados. Su condición de personal laboral a extinguir podría suponer un problema a la hora de ejercer derechos que se pensaban consolidados como la jubilación parcial anticipada o la movilidad interna entre departamentos.
La directora general de Recursos Humanos de Sanidad, Carmen López, ha recibido dos respuestas -que han supuesto dos jarros de agua fría- por parte de la Abogacía de la Generalitat Valenciana a sus pretensiones para el personal del Hospital de la Ribera que fue incorporado a la plantilla pública del servicio valenciano de salud el 1 de abril de 2018, tras la reversión del centro de Alzira.
Los sindicatos que negocian con la Conselleria (UGT, CCOO, CSIF, Cemsatse y Simap) disponen de dos informes en los que se aprecia claramente que la directora general buscó respuestas ante al órgano consultivo para poner en marcha el convenio colectivo que lleva atascado meses sin ningún atisbo de resolverse. El problema se halla en que, en los dos textos, la Abogacía ha ido tumbando cualquier posibilidad de incorporar mejoras para los trabajadores del hospital de Alzira con las que Carmen López quería activar el convenio que afecta a 1.950 empleados.
El resultado se ha convertido en una encrucijada que perjudica especialmente a los trabajadores que ya ven un escollo irresoluble por la incapacidad de la Dirección General de Recursos Humanos.
López, a sabiendas de que la mayoría de la plantilla se encuentra en un limbo legal al tener la consideración de personal ‘a extinguir’, preguntó por: la aplicación de la jubilación parcial anticipada, el procedimiento de promoción interna y movilidad interna, ampliación de jornada completa de los contratos de carácter indefinido a tiempo parcial y por las cláusulas de estabilidad en el empleo. Unas condiciones laborales que no se contemplan en la figura del empleado ‘a extinguir’ y que la directora general de Recursos Humanos conocía.
Pese a saber que eran cuestiones excluidas de la negociación colectiva del convenio de los trabajadores de La Ribera, López insistió en dos ocasiones a la Abogacía y, por tanto, contribuyó a que el convenio de la plantilla, que proviene de una concesión administrativa, quedara enquistado sine die.
Una congestión sin ningún tipo de avance como demuestra que, desde las dos últimas reuniones con los sindicatos a primeros de año (el 10 de enero y el 7 de febrero), la negociación del convenio se mantiene paralizada.
El primer informe de la Abogacía que esgrimen los sindicatos -que se quejan del colapso del convenio colectivo-, está fechado el 21 de enero de 2019. En ese informe se tilda de «anclaje normativo utilizado por las Cortes Valencianos» el procedimiento que se usó «para integrar en la Generalidad a los trabajadores de servicios públicos internalizados».
Se recuerda, de igual modo, en el texto legal, que el personal afectado procedente de Ribera Salud II UTE «seguirá en sus puestos en condición de personal ‘a extinguir’, desempeñando sus tareas y con idéntica condición de personal laboral hasta que cese por las causas legales de extinción de los contratos laborales previstas en el Estatuto de los Trabajadores».
Se recuerda además que existen en el derecho laboral «zonas de exclusión de la negociación colectiva» y se recalca la excepcionalidad y transitoriedad de la figura del personal ‘a extinguir’, así como «la existencia de un estatuto propio para este colectivo». Dicho de otro modo, los trabajadores ‘a extinguir’ no pueden acogerse a la jubilación parcial anticipada, el procedimiento de promoción interna y movilidad interna, a la ampliación de jornada completa de los contratos de carácter indefinido a tiempo parcial y a las cláusulas de estabilidad en el empleo, según la abogacía, hasta que abandonen la figura de ‘a extinguir’.
Segundo informe
No contenta con las rotundas advertencias de la Abogacía, López volvió a reformular las mismas cuestiones y recibió otro informe del órgano jurídico de la Generalitat Valenciana 10 días más tarde (31 de enero de 2019). Dicho informe, en definitiva, significó otro varapalo contra la directora general porque en sus conclusiones desmontó uno por uno los argumentos de Carmen López.
«No es posible reconocer la jubilación parcial al personal a extinguir […] al prever que continuará en su puesto de trabajo hasta que cese e impide novar su tiempo completo por otro a tiempo parcial de jubilación parcial», según se expone en el segundo dictamen de la Abogacía que también avisa de que el personal ‘a extinguir’ «no puede ascender de categoría porque el convenio limita la promoción interna a plazas de nueva creación o vacantes, las cuales deben ser cubiertas por personal estatutario».
De igual modo, niega que el personal ‘a extinguir’ con jornada a tiempo parcial pueda convertir su contrato en otro de tiempo completo «por que tanto el convenio como la jurisprudencia exigen para ello extinguir el contrato originario».
Por último, recuerda que denunciado el convenio, «éste mantendrá su vigencia con carácter indefinido porque en él se ha previsto la prórroga legal del mismo hasta que se alcance un acuerdo expreso sobre un nuevo convenio».
malestar
Ante esta situación de parálisis, los sindicatos integrantes del comité del empresa del Hospital de La Ribera ya han advertido de su malestar con la consellera de Sanidad, Ana Barceló, por la falta de interlocución y por la paralización del convenio colectivo que afecta ya a las condiciones laborales de los trabajadores del centro.
Los sindicatos han criticado además la poca sensibilidad que ha mostrado la Administración con el hospital de Alzira: «Nos emplazaban siempre a la negociación del nuevo convenio y en todo este tiempo no nos hemos reunido y los laborales estamos perdiendo derechos. No nos parece correcto y hemos tenido paciencia y la única vía es la judicial».
Es una verdadera pena que la fuerte inversión que realiza la administración para la formación de médicos especialistas termine exportándose a otros países que se benefician de la excelente formación médica de nuestro país». La presidenta del Ilustre Colegio de Médicos de Valencia, la doctora Mercedes Hurtado, lamenta así que se esté produciendo esta fuga de profesionales de la medicina con alta formación motivada, bajo su percepción, por unas mejores condiciones retributivas, laborales y de reconocimiento profesional. Este éxodo de profesionales, que el Sindicato Médico calcula que este año se elevará a 400 en la Comunitat, supone un coste de formación cercano a los 15 millones de euros anuales, cifra que se dispara en los casos en las que los alumnos realizan el MIR en la región.
El coste de los estudios universitarios se reparte entre las propias instituciones -incluyendo las aportaciones de las administraciones públicas que las financian, que suponen el mayor ingreso con diferencia-, y las tasas de matrícula que abona el alumno. Hacer el cálculo no es sencillo, pues influyen muchos factores, desde el tipo de instalaciones y equipos de la facultad (más o menos costosos), hasta el perfil del profesorado, pasando por la cantidad de alumnos por aula. Sin embargo sí se pueden plantear aproximaciones, que coinciden con las únicas referencias oficiales que existen.
En la actualidad, en la Comunitat, los universitarios asumen entre el 15% y el 20% del coste total de los estudios que cursan. Para entender el cálculo hay que echar la vista atrás, hasta el verano de 2012, cuando tras el decreto de racionalización del gasto educativo se modificó el procedimiento para fijar las tasas de matrícula. Entonces el Gobierno estableció que los alumnos deberían asumir entre el 15% y el 25% del coste total de sus carreras, dejando que las comunidades decidieran el porcentaje exacto. En la valenciana se optó por un 20% para la primera matrícula, fijándose el precio del crédito en el caso de Medicina en 24,64 euros. Sin embargo este valor ha cambiado con el Botánico tras la bajada de las tasas hasta situarse en 21,16 euros. Aunque oficialmente se desconoce el porcentaje que se empleó, no ha llegado a ser inferior del 15%. Y esto es lo que permite la aproximación.
En el mejor de los casos, en el que el alumno asume la parte más baja de la horquilla (el 15% del crédito, que equivale a 21,16 euros) implicaría que la administración y las universidades asumen el 85% restante del coste formativo, lo que se traduciría en 119,9 euros. Si se multiplica esta cantidad por los 360 créditos de la carrera, cada estudiante cuesta a estas últimas 43.166 euros. En el caso de tomar el porcentaje más elevado del caso valenciano (20%), la cifra se reduciría a 30.470 euros por alumno. Es lógico teniendo en cuenta que si el estudiante aporta más dinero, menos le cuesta a la otra parte. Por último, tomando el término medio, que sería el más ajustado a la situación actual tras la bajada de las tasas del Botánico, se puede inferir que el universitario asume el 17% del gasto que supone su formación. En este caso, el 83% que compete a administraciones y universidades se traduce en 37.191 euros por estudiante (103,31 por crédito). Y si esta cuantía se multiplica por los 400 médicos que se van al extranjero (asumiendo que todos se formaron en la Comunitat), el coste para las instituciones públicas se eleva a 14,8 millones de euros.
La cifra es más o menos coincidente con las escasas aproximaciones que se han hecho sobre la materia. En un reciente informe impulsado por el Consejo Estatal de Estudiantes de Medicina, el Foro de la Profesión Médica y la Conferencia de Decanos de Facultades de Medicina -en la que abogaban por no autorizar nuevas carreras ante el riesgo de saturación del sector y la pérdida de talento ya formado-, se utilizaba como argumento que cada alumno implicaba un gasto de 6.000 euros anuales. Es decir, unos 36.000 teniendo en cuenta que la carrera dura seis años. Aunque se dejaba claro que no era un cálculo propio de las organizaciones, se utilizaba para argumentar el elevado coste financiero que supone formar médicos con el riesgo de que no puedan ejercer en España.
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