La demora quirúrgica máxima rozó los tres meses en 2018 y ahora se mantiene unos días por encima de las cifras de la etapa de la concesión
El 1 de abril de 2018 la Conselleria de Sanidad se hacía con los mandos del Hospital de La Ribera después de casi dos décadas de gestión indirecta bajo el modelo de concesión y, desde entonces, no ha logrado reducir las esperas para pasar por quirófano. El departamento, en esos momentos dirigido por Carmen Montón, rechazó de lleno prolongar el modelo para, como aseguró la propia consellera en más de una ocasión, «eliminar de la ecuación el beneficio empresarial». Sin embargo, año y medio después, y aun después de incrementar las plantillas, las esperas para pasar por el quirófano no sólo no se han reducido, sino que se han incrementado ligeramente, después de que llegaran a repuntar y rozaran los tres meses. Ribera Salud, que durante dos décadas gestionó el departamento de salud de la comarca y el hospital ubicado en Alzira, cerró su etapa al frente del centro sanitario con una demora de 62 días, a marzo de 2018; prácticamente la cifra más alta registrada durante los últimos años (44 en 2015, 48 en 2016 y 54 en 2017, siempre con datos de marzo). Tres meses después, Ana Barceló, que ya había reemplazado a Montón, admitió que las demoras se habían elevado hasta los 65 días, por lo que se iban a incrementar las operaciones. Sin embargo, y según la respuesta que la propia conselleria ha dado a una pregunta parlamentaria del PP, la demora máxima en 2018 (es decir, la demora media más elevada del año) llegó a dispararse hasta los 89 días, mientras que se cerró el ejercicio con cerca de 4.000 pacientes a la espera de pasar por el quirófano.
Los hospitales de San Joan y el ‘ya revertido’ de La Ribera muestran los peores indicadores por días y número de pacientes en espera. El atasco en estos dos centros augura el fracaso del modelo planteado por Isabel González.
El listado de pacientes que esperan para recibir una prueba de Resonancia Magnética (RM) demuestra que en los hospitales públicos existe más congestión que en los gestionados por empresas. En el último informe de datos registrados por la Conselleria de Sanidad (a 31 de diciembre de 2018) destaca, especialmente, la problemática que se vive en el Hospital de la Ribera desde que dejó de ser concesional y pasó a la red sanitaria pública el 1 de abril de 2018.
De la misma forma, mientras que en hospitales ‘público-privados’ como Elche-Crevillente (9 días), Torrevieja (24 días) o Manises (39 días) los pacientes que aguardan para una RM son pocos y apenas deben esperar, en otros públicos como La Plana (73 días), Gandía (45 días), Sagunto (120 días) o el Doctor Peset (40 días) el atasco para someterse a una exploración radiológica se ha convertido en una constante.
NOTICIA PUBLICADA EN EL MUNDO COMUNIDAD VALENCIANA EL 17/11/19
El subsecretario de Sanidad, David Fernández, advirtió ayer a los responsables sindicales del Hospital de la Ribera de que la negociación del convenio colectivo tiene dos líneas rojas que ha marcado la Abogacía de la Generalitat. En concreto, recordó que la condición de los empleados del centro, que fue devuelto a la red hospitalaria pública el 1 de abril de 2018, es ‘a extinguir’ y que la única forma de mejorar sus condiciones laborales es con la superación de una oposición.
Durante la reunión de ayer también se solicitó, por parte de los trabajadores de Alzira, un mayor contacto con los responsables de Sanidad para negociar el convenio (incluso semanal), y el subsecretario se comprometió a establecer un calendario de reuniones.
Suma y sigue. La decisión tomada por la exconsellera de Sanidad, Carmen Montón, de despedir a una decena de directivos del hospital de la Ribera, en Alzira, el día después de que su gestión volviera a manos públicas sigue dando disgustos a la administración año y medio después. De los 13 directivos que fueron despedidos ese día, entre ellos el exgerente, Javier Palau, diez han conseguido ya en tribunales sentencias favorables y cinco de ellos han optado, de hecho, por acogerse a su derecho a reincorporarse a su puesto de trabajo aunque solo tres permanecen actualmente en el hospital.
En total, y según cálculos realizados por la plataforma Sanitat Sols Una, que se opuso al proceso de reversión desde el principio, el goteo de sentencias condenatorios a favor de los extrabajadores de Ribera Salud le habría costado ya a la administración cerca de 700.000 euros, mucho más de lo previsto en su día con el pago de las indemnizaciones por despido.
Y es que, según apunta el presidente de esta plataforma, Carlos Rodrigo, por cada sentencia a favor que se dicta, «se suma el pago de los salarios que se han dejado de abonar durante este tiempo y de las vacaciones no disfrutadas y los intereses, que es realmente lo que está subiendo la cuenta en este proceso», explica Rodrigo.
Las sentencias a favor de los trabajadores despedidos y en contra de la administración son ya 14 (cuatro de ellos emitidas por el Tribunal Superior de Justicia ratificando resoluciones en primera instancia) por lo que todo apunta a que los procedimientos que aún quedan pendientes tendrán el mismo final.
Las resoluciones que los tribunales de lo Social están dictando apuntan a la falta de argumentación, por parte de la conselleria, de las «causas organizativas» que justifican la finalización de los contratos ya que, en todos los casos, los puestos y tareas de las personas despedidas se siguen realizando.
Con estos mimbres, los fallos judiciales dan la opción a los trabajadores despedidos a optar por la indemnización correspondiente o a reincorporarse a su puesto.
El último en optar por esta última opción ha sido el exdirector de Comunicación y Marketing con Ribera Salud, que ha vuelto en septiembre a su puesto de trabajo. Reincorporaciones como la suya y la del director económico-financiero de la época de gestión privada han provocado, además, que se den situaciones «complicadas» de gestionar como la coincidencia de dos personas con, en principio, el mismo puesto ya que los despedidos que se reincorporan «deben hacerlo con el mismo sueldo y el mismo puesto que tenían».
De esta forma, y según destacan desde la plataforma, ahora mismo en el hospital de la Ribera hay dos directores económicos financieros y otros dos directores de comunicación después de acatar los fallos judiciales aunque «otra cosa son las funciones que les han asignado tras la readmisión».
«Fuimos muy críticos con la reversión pero se justificó en un aumento de la calidad del servicio y una rebaja de los costes que no se han dado y el problema de los despidos es algo que estamos pagando entre todo», añadió.
Convenio paralizado
Mientras se acumulan las resoluciones judiciales por los despidos del 1 de abril de 2018, a la Conselleria de Sanidad se le acumula también otro problema con difícil solución: la negociación del convenio colectivo de los trabajadores de la Ribera, paralizada desde principios de año. El comité de empresa acaba de instar de nuevo a la directora general de Recursos Humanos a una reunión para poner sobre la mesa los derechos laborales de los trabajadores subrogados. Su condición de personal laboral a extinguir podría suponer un problema a la hora de ejercer derechos que se pensaban consolidados como la jubilación parcial anticipada o la movilidad interna entre departamentos.
La directora general de Recursos Humanos de Sanidad, Carmen López, ha recibido dos respuestas -que han supuesto dos jarros de agua fría- por parte de la Abogacía de la Generalitat Valenciana a sus pretensiones para el personal del Hospital de la Ribera que fue incorporado a la plantilla pública del servicio valenciano de salud el 1 de abril de 2018, tras la reversión del centro de Alzira.
Los sindicatos que negocian con la Conselleria (UGT, CCOO, CSIF, Cemsatse y Simap) disponen de dos informes en los que se aprecia claramente que la directora general buscó respuestas ante al órgano consultivo para poner en marcha el convenio colectivo que lleva atascado meses sin ningún atisbo de resolverse. El problema se halla en que, en los dos textos, la Abogacía ha ido tumbando cualquier posibilidad de incorporar mejoras para los trabajadores del hospital de Alzira con las que Carmen López quería activar el convenio que afecta a 1.950 empleados.
El resultado se ha convertido en una encrucijada que perjudica especialmente a los trabajadores que ya ven un escollo irresoluble por la incapacidad de la Dirección General de Recursos Humanos.
López, a sabiendas de que la mayoría de la plantilla se encuentra en un limbo legal al tener la consideración de personal ‘a extinguir’, preguntó por: la aplicación de la jubilación parcial anticipada, el procedimiento de promoción interna y movilidad interna, ampliación de jornada completa de los contratos de carácter indefinido a tiempo parcial y por las cláusulas de estabilidad en el empleo. Unas condiciones laborales que no se contemplan en la figura del empleado ‘a extinguir’ y que la directora general de Recursos Humanos conocía.
Pese a saber que eran cuestiones excluidas de la negociación colectiva del convenio de los trabajadores de La Ribera, López insistió en dos ocasiones a la Abogacía y, por tanto, contribuyó a que el convenio de la plantilla, que proviene de una concesión administrativa, quedara enquistado sine die.
Una congestión sin ningún tipo de avance como demuestra que, desde las dos últimas reuniones con los sindicatos a primeros de año (el 10 de enero y el 7 de febrero), la negociación del convenio se mantiene paralizada.
El primer informe de la Abogacía que esgrimen los sindicatos -que se quejan del colapso del convenio colectivo-, está fechado el 21 de enero de 2019. En ese informe se tilda de «anclaje normativo utilizado por las Cortes Valencianos» el procedimiento que se usó «para integrar en la Generalidad a los trabajadores de servicios públicos internalizados».
Se recuerda, de igual modo, en el texto legal, que el personal afectado procedente de Ribera Salud II UTE «seguirá en sus puestos en condición de personal ‘a extinguir’, desempeñando sus tareas y con idéntica condición de personal laboral hasta que cese por las causas legales de extinción de los contratos laborales previstas en el Estatuto de los Trabajadores».
Se recuerda además que existen en el derecho laboral «zonas de exclusión de la negociación colectiva» y se recalca la excepcionalidad y transitoriedad de la figura del personal ‘a extinguir’, así como «la existencia de un estatuto propio para este colectivo». Dicho de otro modo, los trabajadores ‘a extinguir’ no pueden acogerse a la jubilación parcial anticipada, el procedimiento de promoción interna y movilidad interna, a la ampliación de jornada completa de los contratos de carácter indefinido a tiempo parcial y a las cláusulas de estabilidad en el empleo, según la abogacía, hasta que abandonen la figura de ‘a extinguir’.
Segundo informe
No contenta con las rotundas advertencias de la Abogacía, López volvió a reformular las mismas cuestiones y recibió otro informe del órgano jurídico de la Generalitat Valenciana 10 días más tarde (31 de enero de 2019). Dicho informe, en definitiva, significó otro varapalo contra la directora general porque en sus conclusiones desmontó uno por uno los argumentos de Carmen López.
«No es posible reconocer la jubilación parcial al personal a extinguir […] al prever que continuará en su puesto de trabajo hasta que cese e impide novar su tiempo completo por otro a tiempo parcial de jubilación parcial», según se expone en el segundo dictamen de la Abogacía que también avisa de que el personal ‘a extinguir’ «no puede ascender de categoría porque el convenio limita la promoción interna a plazas de nueva creación o vacantes, las cuales deben ser cubiertas por personal estatutario».
De igual modo, niega que el personal ‘a extinguir’ con jornada a tiempo parcial pueda convertir su contrato en otro de tiempo completo «por que tanto el convenio como la jurisprudencia exigen para ello extinguir el contrato originario».
Por último, recuerda que denunciado el convenio, «éste mantendrá su vigencia con carácter indefinido porque en él se ha previsto la prórroga legal del mismo hasta que se alcance un acuerdo expreso sobre un nuevo convenio».
malestar
Ante esta situación de parálisis, los sindicatos integrantes del comité del empresa del Hospital de La Ribera ya han advertido de su malestar con la consellera de Sanidad, Ana Barceló, por la falta de interlocución y por la paralización del convenio colectivo que afecta ya a las condiciones laborales de los trabajadores del centro.
Los sindicatos han criticado además la poca sensibilidad que ha mostrado la Administración con el hospital de Alzira: «Nos emplazaban siempre a la negociación del nuevo convenio y en todo este tiempo no nos hemos reunido y los laborales estamos perdiendo derechos. No nos parece correcto y hemos tenido paciencia y la única vía es la judicial».
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