SSU recuerda que los primeros problemas en la gestión de los recursos humanos en el Hospital de La Ribera aparecieron también seis meses antes de la reversión “y aún hoy continúan, con una discriminación absoluta del personal laboral y la ausencia de diálogo en la negociación del convenio, que sigue parado”
Los sindicatos y la plataforma Sanidad Excelente de Torrevieja denuncian que la Generalitat no repone al personal que se va por la reversión anunciada, pero tampoco las bajas ni las necesidades específicas del departamento
Alzira. 23 de marzo de 2021.
SanitatSolsUna, asociación que defiende la excelencia en la atención sanitaria, independientemente del modelo de gestión, asegura que el Hospital Universitario de Torrevieja ha heredado los mismos problemas que sufrió el Hospital de La Ribera, meses antes de la reversión y que ya empiezan a afectar seriamente a sus profesionales, y pronto, lo harán a sus pacientes. Los sindicatos han denunciado estos días que la Conselleria de Sanidad no autoriza la sustitución de las bajas de personal, lo que está suponiendo ya una sobrecarga de trabajo para los profesionales y acabará afectando a la atención a los pacientes.
Según han explicado públicamente tanto los sindicatos del Hospital de Torrevieja como la plataforma Sanidad Excelente, que defiende el actual modelo de gestión para este departamento, Sanidad no repone al personal que ha empezado a abandonar esta área de salud ante la próxima reversión a la gestión pública directa. Pero es que tampoco autoriza a que se cubran las bajas o las necesidades de personal en servicios o centros concretos, en momentos determinados. “Han pasado casi tres años desde el cambio de gestión en La Ribera y la Conselleria de Sanidad y el Gobierno de Ximo Puig no han aprendido nada de los múltiples errores de Alzira, empezando por la reversión en sí misma, y están repitiendo todas las decisiones desastrosas en el proceso de Torrevieja”, aseguran desde SanitatSolsUna.
“Es incomprensible que en medio de una pandemia mundial, con olas de contagios cíclicas y un plan de vacunación desastroso, el Gobierno valenciano decida cambiar la gestión del que hasta ahora es el mejor hospital de la Comunidad Valenciana: por sus bajas listas de espera, la buena valoración de pacientes y profesionales y los excelentes resultados de salud”, aseguran desde la asociación. Recuerdan que desde octubre de 2020, la Conselleria de Sanidad es la responsable de cubrir las bajas y las vacantes de los profesionales, porque fue cuando entraron en vigor las normas de la reversión. “Y en apenas unos meses los sanitarios allí están sufriendo las consecuencias”, añaden, “con una perspectiva nada halagüeña”.
SanitatSolsUna recuerda las protestas periódicas del comité de empresa del Hospital de La Ribera por la discriminación del personal laboral, la falta de profesionales, la escasez de recursos, la mala organización y los graves problemas a los que ha tenido que enfrentarse su plantilla durante los meses más duros de la pandemia, en todas y cada una de las olas que hemos sufrido. “Es imperdonable que el Gobierno valenciano propicie otro desastre como el que se ha demostrado en el Hospital de La Ribera, donde se han triplicado las listas de espera desde el cambio a la gestión pública directa, a pesar de la contratación de más de 500 personas, han desaparecido servicios y especialidades y por primera vez se han desviado pacientes de Radiología a clínicas privadas, mientras sus profesionales están saturados, se sienten abandonados y poco valorados por la Conselleria, y además, se les margina laboralmente, en comparación con el personal estatutario”, añaden.
Por todo ello, desde esta asociación piden al presidente Ximo Puig que valore las consecuencias de la reversión en Torrevieja “porque todos van a salir perdiendo: profesionales, pacientes y también los responsables políticos de esta decisión política, tan desafortunada en cualquier momento, pero especialmente en esta situación de pandemia”.
SanitatSolsUna recuerda que hace solo dos años y cuatro meses de la reversión a la gestión pública directa de este departamento y los médicos ya se han plantado y anuncian movilizaciones semanales por los “tintes dramáticos” de la “falta de previsión de Sanidad”
Alzira, 28 de julio de 2020.- Dos años y cuatro meses después de la reversión a la gestión pública directa del Hospital de La Ribera, los profesionales sanitarios no pueden más. Uno de los servicios que peor lo está pasando es el de Urgencias de este centro hospitalario, que en los últimos meses ha denunciado en varias ocasiones la falta de medios, el desastre en la planificación, contrataciones de personal sin experiencia y la ausencia de circuitos seguros que ayuden a prevenir posibles contagios por COVID. “La situación ha adquirido ya tintes dramáticos”, aseguraban ayer en un comunicado, tras manifestarse en la puerta del hospital.
Desde SanitatSolsUna, no solo se confirman las malas condiciones en las que trabajan los profesionales de este servicio sino que se recuerda que la Conselleria de Sanidad sabía con antelación de las consecuencias e implicaciones que el cambio en la gestión iba a ocasionar en el trabajo de los profesionales y, por consiguiente, en la atención sanitaria que reciben los ciudadanos de este departamento. “Los profesionales piden una plantilla y unas condiciones laborales adecuadas a la situación actual, y no es para menos, porque la propia Conselleria de Sanidad reconoció en plena pandemia que uno de los hospitales con más contagios entre profesionales fue el de La Ribera”, aseguran desde esta asociación. “No es de recibo que con estos precedentes y en un contexto de rebrotes diarios y la amenaza de una segunda oleada de COVID, Sanidad contrate a médicos recién licenciados para el Servicio de Urgencias, sin ninguna experiencia, porque están en primaria línea de la lucha contra el virus y su criterio puede ser crucial en la detección y primeras tomas de decisiones para luchar contra este virus”, añaden.
Para la asociación que defiende la excelencia en la atención sanitaria, independientemente del modelo de gestión, “el notable cambio a peor del Hospital de La Ribera coincide con el paso a la gestión directa de la Conselleria de Sanidad”. “Antes no había problemas con los trabajadores, ni movilizaciones por falta de personal o recursos de ningún tipo, era un hospital modélico y ejemplar para otros centros sanitarios”, aseguran desde SSU, que añade: “Ahora es otro de los hospitales caóticos, con falta de recursos y mala organización de la Conselleria de Sanidad, donde valiosísimos profesionales se baten el cobre por atender a sus pacientes lo mejor posible, con los escasos recursos a su alcance”, añaden. Y recuerdan: “Esta es la situación a la que puede llegar en apenas dos años el Hospital de Torrevieja si el Gobierno valenciano continúa empeñado en la reversión a la gestión directa”.
Por último, desde SSU se alerta de que “en este contexto, no es de extrañar que a los visitantes extranjeros o de otras regiones de España les vuelva a asustar desplazarse a los municipios turísticos de este departamento que, sin duda, acusarán aún más si cabe este verano incierto. Porque tener cerca un hospital que genera confianza en los turistas es tan importante como una buena playa, y en La Ribera las playas las tienen, pero el centro sanitario no ofrece garantía alguna”.
La bolsa de pacientes citados para consultas externas se incrementa con 6.000 usuarios más y los sanitarios lo achacan a la falta de plantillas
Las Provincias. El 2 de junio de 2020. Ese es el día que han citado a Sofía (nombre ficticio para preservar su intimidad) en el servicio de Oftalmología del centro de especialidades de Monteolivete, una cita que le fue comunicada el pasado 4 de noviembre y para la que tendrá que esperar siete meses. El caso de esta vecina de Valencia ejemplifica el progresivo aumento del tiempo de esperaque sufren los pacientes para ser atendidos en consultas externas, fruto principalmente por la falta de especialistas, como vienen denunciando desde el Sindicato Médico y distintas sociedades científicas.
«La situación no ha cambiado, faltan pediatras». Tanto el Sindicato Médico como la Sociedad Valenciana de Pediatría y la Sociedad Española de Pediatría Extra Hospitalaria y Atención Primaria coinciden en la carencia de estos profesionales que arrastra la Comunitat y que se traduce en demoras para los pacientes, tanto para ser atendidos en los centros de salud como para pasar por el quirófano.
En concreto, según los últimos datos difundidos por la Conselleria de Sanidad referentes al pasado mes de junio, la espera media registrada en cirugía pediátrica asciende a 124 días -algo más de cuatro meses-, lo que supone un aumento de dos semanas más de demora con respecto al mismo mes del año anterior, y roza ya los 131 días que se contabilizaban en 2017. En comparación con cirugía general, las esperas se hacen más patentes. La demora específica de los pequeños es casi un mes y medio más extensa, puesto que pasa de 82 a 124 días y está cerca de duplicarla. Al respecto, Andrés Cánovas, secretario general del Sindicato Médico de la Comunitat (CESM-CV) lamentó que durante los últimos seis o siete años «no ha habido residentes de cirugía pediátrica y, al no formarse en esta especialidad, no hay apenas cirujanos pediátricos, por lo que en muchas ocasiones los terminan interviniendo otros especialistas».
En Atención Primaria la situación no es mucho mejor y en algunos centros de salud, por ejemplo de Paterna, los pacientes tienen que esperar hasta once días para tener cita con su pediatra. En la actualidad, asimismo, cerca de 200 plazas de pediatra en los ambulatorios están cubiertas por médicos que no tienen esa especialidad, un problema que se agrava en las poblaciones más alejadas de las ciudades más grandes, especialmente Valencia. Sobre ello, Carlos Paredes, presidente de la Sociedad Valenciana de Pediatría, apunta que centros ubicado en Favara o Cullera, por ejemplo, sufren esta situación. Paredes lo achaca a varios factores, como que la lejanía de las ciudades más grandes las hace poco atractivas, mientras que las preferencias de los MIR se centran en los hospitales. Asimismo, agrega que «cada año aumentan las solicitudes de pediatras de los hospitales para poder cubrir las necesidades», de ahí que en ocasiones ‘rescaten’ a profesionales de los centros de salud. Cánovas, al respecto, agrega que «en la última hornada han salido unos 30 pediatras, y la mitad se han quedado en los hospitales con contratos basura de guardia, otros se han ido al extranjero donde ganan mucho más y tendremos disponibles cinco o seis», con lo que apenas se resuelve la carestía actual.
Además, el portavoz del Sindicato Médico advierte de que el número de nuevos pediatras previsto para los próximos cinco años -entre 150 y 160 según los cálculos de Cánovas- apenas aliviará la situación, puesto que en este lustro se espera la jubilación de un centenar de los actuales profesionales en activo en la sanidad pública valenciana. «El Ministerio de Sanidad tienen que tomar cartas en el asunto y, como mínimo, duplicar el número de residentes durante los próximos años», agrega. Paredes, por su parte, reclama incentivos para los destinos más alejados, por ejemplo para el alquiler en zonas turísticas.
Es una verdadera pena que la fuerte inversión que realiza la administración para la formación de médicos especialistas termine exportándose a otros países que se benefician de la excelente formación médica de nuestro país». La presidenta del Ilustre Colegio de Médicos de Valencia, la doctora Mercedes Hurtado, lamenta así que se esté produciendo esta fuga de profesionales de la medicina con alta formación motivada, bajo su percepción, por unas mejores condiciones retributivas, laborales y de reconocimiento profesional. Este éxodo de profesionales, que el Sindicato Médico calcula que este año se elevará a 400 en la Comunitat, supone un coste de formación cercano a los 15 millones de euros anuales, cifra que se dispara en los casos en las que los alumnos realizan el MIR en la región.
El coste de los estudios universitarios se reparte entre las propias instituciones -incluyendo las aportaciones de las administraciones públicas que las financian, que suponen el mayor ingreso con diferencia-, y las tasas de matrícula que abona el alumno. Hacer el cálculo no es sencillo, pues influyen muchos factores, desde el tipo de instalaciones y equipos de la facultad (más o menos costosos), hasta el perfil del profesorado, pasando por la cantidad de alumnos por aula. Sin embargo sí se pueden plantear aproximaciones, que coinciden con las únicas referencias oficiales que existen.
En la actualidad, en la Comunitat, los universitarios asumen entre el 15% y el 20% del coste total de los estudios que cursan. Para entender el cálculo hay que echar la vista atrás, hasta el verano de 2012, cuando tras el decreto de racionalización del gasto educativo se modificó el procedimiento para fijar las tasas de matrícula. Entonces el Gobierno estableció que los alumnos deberían asumir entre el 15% y el 25% del coste total de sus carreras, dejando que las comunidades decidieran el porcentaje exacto. En la valenciana se optó por un 20% para la primera matrícula, fijándose el precio del crédito en el caso de Medicina en 24,64 euros. Sin embargo este valor ha cambiado con el Botánico tras la bajada de las tasas hasta situarse en 21,16 euros. Aunque oficialmente se desconoce el porcentaje que se empleó, no ha llegado a ser inferior del 15%. Y esto es lo que permite la aproximación.
En el mejor de los casos, en el que el alumno asume la parte más baja de la horquilla (el 15% del crédito, que equivale a 21,16 euros) implicaría que la administración y las universidades asumen el 85% restante del coste formativo, lo que se traduciría en 119,9 euros. Si se multiplica esta cantidad por los 360 créditos de la carrera, cada estudiante cuesta a estas últimas 43.166 euros. En el caso de tomar el porcentaje más elevado del caso valenciano (20%), la cifra se reduciría a 30.470 euros por alumno. Es lógico teniendo en cuenta que si el estudiante aporta más dinero, menos le cuesta a la otra parte. Por último, tomando el término medio, que sería el más ajustado a la situación actual tras la bajada de las tasas del Botánico, se puede inferir que el universitario asume el 17% del gasto que supone su formación. En este caso, el 83% que compete a administraciones y universidades se traduce en 37.191 euros por estudiante (103,31 por crédito). Y si esta cuantía se multiplica por los 400 médicos que se van al extranjero (asumiendo que todos se formaron en la Comunitat), el coste para las instituciones públicas se eleva a 14,8 millones de euros.
La cifra es más o menos coincidente con las escasas aproximaciones que se han hecho sobre la materia. En un reciente informe impulsado por el Consejo Estatal de Estudiantes de Medicina, el Foro de la Profesión Médica y la Conferencia de Decanos de Facultades de Medicina -en la que abogaban por no autorizar nuevas carreras ante el riesgo de saturación del sector y la pérdida de talento ya formado-, se utilizaba como argumento que cada alumno implicaba un gasto de 6.000 euros anuales. Es decir, unos 36.000 teniendo en cuenta que la carrera dura seis años. Aunque se dejaba claro que no era un cálculo propio de las organizaciones, se utilizaba para argumentar el elevado coste financiero que supone formar médicos con el riesgo de que no puedan ejercer en España.
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