NOTICIA PUBLICADA EN EL MUNDO COMUNIDAD VALENCIANA EL 17/11/19
El subsecretario de Sanidad, David Fernández, advirtió ayer a los responsables sindicales del Hospital de la Ribera de que la negociación del convenio colectivo tiene dos líneas rojas que ha marcado la Abogacía de la Generalitat. En concreto, recordó que la condición de los empleados del centro, que fue devuelto a la red hospitalaria pública el 1 de abril de 2018, es ‘a extinguir’ y que la única forma de mejorar sus condiciones laborales es con la superación de una oposición.
Durante la reunión de ayer también se solicitó, por parte de los trabajadores de Alzira, un mayor contacto con los responsables de Sanidad para negociar el convenio (incluso semanal), y el subsecretario se comprometió a establecer un calendario de reuniones.
Suma y sigue. La decisión tomada por la exconsellera de Sanidad, Carmen Montón, de despedir a una decena de directivos del hospital de la Ribera, en Alzira, el día después de que su gestión volviera a manos públicas sigue dando disgustos a la administración año y medio después. De los 13 directivos que fueron despedidos ese día, entre ellos el exgerente, Javier Palau, diez han conseguido ya en tribunales sentencias favorables y cinco de ellos han optado, de hecho, por acogerse a su derecho a reincorporarse a su puesto de trabajo aunque solo tres permanecen actualmente en el hospital.
En total, y según cálculos realizados por la plataforma Sanitat Sols Una, que se opuso al proceso de reversión desde el principio, el goteo de sentencias condenatorios a favor de los extrabajadores de Ribera Salud le habría costado ya a la administración cerca de 700.000 euros, mucho más de lo previsto en su día con el pago de las indemnizaciones por despido.
Y es que, según apunta el presidente de esta plataforma, Carlos Rodrigo, por cada sentencia a favor que se dicta, «se suma el pago de los salarios que se han dejado de abonar durante este tiempo y de las vacaciones no disfrutadas y los intereses, que es realmente lo que está subiendo la cuenta en este proceso», explica Rodrigo.
Las sentencias a favor de los trabajadores despedidos y en contra de la administración son ya 14 (cuatro de ellos emitidas por el Tribunal Superior de Justicia ratificando resoluciones en primera instancia) por lo que todo apunta a que los procedimientos que aún quedan pendientes tendrán el mismo final.
Las resoluciones que los tribunales de lo Social están dictando apuntan a la falta de argumentación, por parte de la conselleria, de las «causas organizativas» que justifican la finalización de los contratos ya que, en todos los casos, los puestos y tareas de las personas despedidas se siguen realizando.
Con estos mimbres, los fallos judiciales dan la opción a los trabajadores despedidos a optar por la indemnización correspondiente o a reincorporarse a su puesto.
El último en optar por esta última opción ha sido el exdirector de Comunicación y Marketing con Ribera Salud, que ha vuelto en septiembre a su puesto de trabajo. Reincorporaciones como la suya y la del director económico-financiero de la época de gestión privada han provocado, además, que se den situaciones «complicadas» de gestionar como la coincidencia de dos personas con, en principio, el mismo puesto ya que los despedidos que se reincorporan «deben hacerlo con el mismo sueldo y el mismo puesto que tenían».
De esta forma, y según destacan desde la plataforma, ahora mismo en el hospital de la Ribera hay dos directores económicos financieros y otros dos directores de comunicación después de acatar los fallos judiciales aunque «otra cosa son las funciones que les han asignado tras la readmisión».
«Fuimos muy críticos con la reversión pero se justificó en un aumento de la calidad del servicio y una rebaja de los costes que no se han dado y el problema de los despidos es algo que estamos pagando entre todo», añadió.
Convenio paralizado
Mientras se acumulan las resoluciones judiciales por los despidos del 1 de abril de 2018, a la Conselleria de Sanidad se le acumula también otro problema con difícil solución: la negociación del convenio colectivo de los trabajadores de la Ribera, paralizada desde principios de año. El comité de empresa acaba de instar de nuevo a la directora general de Recursos Humanos a una reunión para poner sobre la mesa los derechos laborales de los trabajadores subrogados. Su condición de personal laboral a extinguir podría suponer un problema a la hora de ejercer derechos que se pensaban consolidados como la jubilación parcial anticipada o la movilidad interna entre departamentos.
La directora general de Recursos Humanos de Sanidad, Carmen López, ha recibido dos respuestas -que han supuesto dos jarros de agua fría- por parte de la Abogacía de la Generalitat Valenciana a sus pretensiones para el personal del Hospital de la Ribera que fue incorporado a la plantilla pública del servicio valenciano de salud el 1 de abril de 2018, tras la reversión del centro de Alzira.
Los sindicatos que negocian con la Conselleria (UGT, CCOO, CSIF, Cemsatse y Simap) disponen de dos informes en los que se aprecia claramente que la directora general buscó respuestas ante al órgano consultivo para poner en marcha el convenio colectivo que lleva atascado meses sin ningún atisbo de resolverse. El problema se halla en que, en los dos textos, la Abogacía ha ido tumbando cualquier posibilidad de incorporar mejoras para los trabajadores del hospital de Alzira con las que Carmen López quería activar el convenio que afecta a 1.950 empleados.
El resultado se ha convertido en una encrucijada que perjudica especialmente a los trabajadores que ya ven un escollo irresoluble por la incapacidad de la Dirección General de Recursos Humanos.
López, a sabiendas de que la mayoría de la plantilla se encuentra en un limbo legal al tener la consideración de personal ‘a extinguir’, preguntó por: la aplicación de la jubilación parcial anticipada, el procedimiento de promoción interna y movilidad interna, ampliación de jornada completa de los contratos de carácter indefinido a tiempo parcial y por las cláusulas de estabilidad en el empleo. Unas condiciones laborales que no se contemplan en la figura del empleado ‘a extinguir’ y que la directora general de Recursos Humanos conocía.
Pese a saber que eran cuestiones excluidas de la negociación colectiva del convenio de los trabajadores de La Ribera, López insistió en dos ocasiones a la Abogacía y, por tanto, contribuyó a que el convenio de la plantilla, que proviene de una concesión administrativa, quedara enquistado sine die.
Una congestión sin ningún tipo de avance como demuestra que, desde las dos últimas reuniones con los sindicatos a primeros de año (el 10 de enero y el 7 de febrero), la negociación del convenio se mantiene paralizada.
El primer informe de la Abogacía que esgrimen los sindicatos -que se quejan del colapso del convenio colectivo-, está fechado el 21 de enero de 2019. En ese informe se tilda de «anclaje normativo utilizado por las Cortes Valencianos» el procedimiento que se usó «para integrar en la Generalidad a los trabajadores de servicios públicos internalizados».
Se recuerda, de igual modo, en el texto legal, que el personal afectado procedente de Ribera Salud II UTE «seguirá en sus puestos en condición de personal ‘a extinguir’, desempeñando sus tareas y con idéntica condición de personal laboral hasta que cese por las causas legales de extinción de los contratos laborales previstas en el Estatuto de los Trabajadores».
Se recuerda además que existen en el derecho laboral «zonas de exclusión de la negociación colectiva» y se recalca la excepcionalidad y transitoriedad de la figura del personal ‘a extinguir’, así como «la existencia de un estatuto propio para este colectivo». Dicho de otro modo, los trabajadores ‘a extinguir’ no pueden acogerse a la jubilación parcial anticipada, el procedimiento de promoción interna y movilidad interna, a la ampliación de jornada completa de los contratos de carácter indefinido a tiempo parcial y a las cláusulas de estabilidad en el empleo, según la abogacía, hasta que abandonen la figura de ‘a extinguir’.
Segundo informe
No contenta con las rotundas advertencias de la Abogacía, López volvió a reformular las mismas cuestiones y recibió otro informe del órgano jurídico de la Generalitat Valenciana 10 días más tarde (31 de enero de 2019). Dicho informe, en definitiva, significó otro varapalo contra la directora general porque en sus conclusiones desmontó uno por uno los argumentos de Carmen López.
«No es posible reconocer la jubilación parcial al personal a extinguir […] al prever que continuará en su puesto de trabajo hasta que cese e impide novar su tiempo completo por otro a tiempo parcial de jubilación parcial», según se expone en el segundo dictamen de la Abogacía que también avisa de que el personal ‘a extinguir’ «no puede ascender de categoría porque el convenio limita la promoción interna a plazas de nueva creación o vacantes, las cuales deben ser cubiertas por personal estatutario».
De igual modo, niega que el personal ‘a extinguir’ con jornada a tiempo parcial pueda convertir su contrato en otro de tiempo completo «por que tanto el convenio como la jurisprudencia exigen para ello extinguir el contrato originario».
Por último, recuerda que denunciado el convenio, «éste mantendrá su vigencia con carácter indefinido porque en él se ha previsto la prórroga legal del mismo hasta que se alcance un acuerdo expreso sobre un nuevo convenio».
malestar
Ante esta situación de parálisis, los sindicatos integrantes del comité del empresa del Hospital de La Ribera ya han advertido de su malestar con la consellera de Sanidad, Ana Barceló, por la falta de interlocución y por la paralización del convenio colectivo que afecta ya a las condiciones laborales de los trabajadores del centro.
Los sindicatos han criticado además la poca sensibilidad que ha mostrado la Administración con el hospital de Alzira: «Nos emplazaban siempre a la negociación del nuevo convenio y en todo este tiempo no nos hemos reunido y los laborales estamos perdiendo derechos. No nos parece correcto y hemos tenido paciencia y la única vía es la judicial».
Alzira, 10 de julio de 2019.- SanitatSolsUna, la asociación que defiende la excelencia en la asistencia sanitaria, ha asegurado hoy que la rueda de prensa del comité de empresa del Hospital de la Ribera ayer “confirma el desastre de la reversión: los trabajadores han perdido derechos e ingresos”. “La comparecencia de los sindicatos ayer es la crónica de un desastre anunciado”, recuerdan.
La asociación ha destacado “la importante vulneración de derechos, evidente desde el momento en que la Dirección del Hospital no deja al comité de empresa organizar la rueda de prensa en el propio centro hospitalario”. Los propios sindicatos explicaron que “no la han autorizado porque consideran que esto no es labor sindical”. Para SanitatSolsUna, “el Gobierno valenciano no sólo es plenamente consciente del error de la reversión y de sus desastrosas consecuencias sino que además ha intentado taparlas, al pensar que ninguneando a los sindicatos podría silenciarlos”. Sin embargo, cuando la vulneración de derechos afecta al bolsillo y a la calidad del trabajo que realizan los profesionales durante año y medio, el tema les ha estallado. Y se preguntan: “¿Sigue teniendo claro la nueva secretaria autonómica de Sanidad, Isaura Navarro, la necesidad de esta reversión? Porque ayer los sindicatos dejaron claro que con la concesionaria, los trabajadores estaban mucho mejor que con las decisiones que se toman desde el sectarismo de Navarro y su partido, que ya se ha demostrado que es un fracaso en la gestión”.
Para SanitatSolsUna, los sindicatos “tienen toda la razón en sus críticas y sus quejas”, aunque insisten en que “todo esto se veía venir, tenían informes y una auditoría que advertía de todas estas consecuencias y no quisieron verlo”. Ahora, añaden desde la asociación, “los representantes de los trabajadores han reconocido que han denunciado al menos en tres ocasiones a Sanidad en los juzgados y en el tribunal de arbitraje por incumplimientos del convenio colectivo”. Aseguraron literalmente que “hay varios artículos del convenio que no se cumplen como la movilidad interna, la promoción interna, traslados, la formación, la jubilación parcial etc” y dijeron, sin pelos en la lengua que “se han perdido derechos”. Entre otros los impagos de los incentivos, los beneficios del Plan de igualdad sobre el que aseguraron que “es un despropósito total” porque “teníamos un plan que caducó, la ley dice que tenemos que tener uno y nos aseguraron que nos aplicaban el de Conselleria… pero hemos estado año y medio engañados”.
Y las consecuencias, además del desgaste, la discriminación y la tensión, es que muchos profesionales están abandonando su puesto de trabajo en este departamento de salud. “Si no te pagan lo que te deben, si te deniegan la formación, la promoción interna, la movilidad, las excedencias, las jubilaciones parciales y pierdes derechos para la conciliación de la vida laboral y familiar que hace apenas año y medio tenías con la concesionaria, es lógico que te plantees irte a otro sitio”, aseguran desde la asociación.
“¿Quién estresa a los trabajadores? Porque los sindicatos no sólo hablan de dinero sino de derechos y condiciones de trabajo, de discriminación, de embarazadas a las que no se aplica el plan de igualdad, de trabajadores que por edad piden una jubilación parcial”, preguntan desde la asociación a la secretaria autonómica de Salud Pública, a raíz de su entrevista en un medio valenciano hace apenas unos días. Y a la Consellera de Sanidad, Ana Barceló y al presidente Ximo Puig les insisten: “¿De verdad creen que los profesionales sanitarios de La Ribera merecen esta situación? ¿Y piensan que no afectará a la calidad asistencial? Solo con la marcha de profesionales, la población va a sufrir estos cambios que, sin duda, son a peor”, aseguran desde SanitatSolsUna.
26 de Junio de 2019 (comunicado publicado por CSIFCV en su web)
La Consellería de Sanidad Universal y Salud Publica impide a los trabajadores del departamento de Salud de la Ribera que fueron subrogados el 1 de abril de 2018 y han aprobado una oposición, mantener su situación laboral en el departamento como “personal a extinguir” si no renuncian previamente a los derechos derivados de su participación en el proceso selectivo, renunciar a una oposición ganada bajo las premisas de igualdad, mérito, y capacidad.
La sección sindical del sindicato CSIF en el Departamento de la Ribera quiere poner de manifiesto el perjuicio que ocasiona a los profesionales del departamento, el repentino cambio de criterio que ha adoptado la Consellería de Sanidad en las últimas semanas respecto a la concesión de excedencias por incompatibilidad por prestación de servicios en el sector público, a aquellos profesionales del departamento que han superado satisfactoriamente un proceso de concurso-oposición, y quieren seguir desarrollando su actividad profesional como laborales en el departamento, sin perder la plaza conseguida por rigurosa oposición.
Derecho que ha venido reconociendo de oficio la propia Consellería para el personal estatutario que venía desempeñando su trabajo como laboral durante el tiempo anterior a la reversión, tal y como refleja en el decreto 22/2018 de 23 de marzo, el cual dispone en su artículo 9.3 que Transcurrido el plazo de tres meses señalado en el apartado 1 del presente artículo, la persona interesada que no hubiere ejercitado el derecho de opción, se entenderá que opta por continuar en su condición de personal laboral a extinguir. Este personal, así como el que hubiera manifestado expresamente continuar en la referida condición, quedará a partir de ese momento en la situación de excedencia por prestar servicios en el sector público respecto de su categoría estatutaria, de conformidad con lo dispuesto en el art. 66 de la Ley 55/2003, de 16 de diciembre, del Estatuto Marco del personal estatutario de los servicios de salud, quedando sin efecto la situación que tuvieran declarada con anterioridad, salvo para aquel personal que ya estuviera declarado en dicha situación de conformidad con el citado artículo. La situación de excedencia por prestación de servicios en el sector público será declarada de oficio por la Dirección General de Recursos Humanos y Económicos de la Consellería de Sanidad Universal y Salud Pública.
Esta medida política adoptada por la Consellería de Sanidad condicionara el futuro de los trabajadores laborales del departamento, y la atención de los pacientes, por cuanto, se les obliga a decidir si renuncian al puesto de trabajo que han estado desempeñando durante años, renunciando a sus derechos laborales como “personal a extinguir”, y perdiendo el departamento grandes profesionales, con mucho arraigo ya en la Comarca, o bien, renunciar a una plaza estatutaria ganada con mucho esfuerzo y dedicación, si quieren seguir en el Departamento como “personal a extinguir”, y mantener sus condiciones laborales.
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