Hace unos días, de nuevo la Consellera de Sanidad Universal y Salud Pública de la Comunidad Valenciana, declaró que el Departamento de Salud de Torrevieja volverá a la gestión directa pública al acabar el periodo de concesión, es decir en octubre de 2021, sin atender a la prórroga de la misma que el contrato contempla. Añade para justificar su decisión, que la actual pandemia “ha puesto de manifiesto la importancia de la sanidad pública y universal que nos ha atendido a todos sin diferenciar y nos ha igualado ante la enfermedad”.
Desde SanitatSolSuna, como plataforma que aboga por una sanidad excelente, creemos necesario hacer algunas aclaraciones. El Hospital Universitario de Torrevieja ha sido, es y será siempre Sanidad Pública.Todos los pacientes acuden al hospital y a los centros de salud de este área con su SIP, como ocurre en cualquier otro centro sanitario dependiente de la Conselleria. La única diferencia es que la Sanidad puede ser gestionada con diferentes niveles de eficiencia.
Y si algo ha puesto de manifiesto la actual pandemia es que España probablemente cuenta con los mejores profesionales sanitarios del mundo, pero por contra el sistema sanitario ha mostrado claramente sus deficiencias. De ahí que hayamos sido testigos del colapso de los centros, incapaces de asumir la avalancha de pacientes, del tremendo número de profesionales infectados, que junto al mayor número de fallecidos por millón de habitantes (récord en todo el mundo) nos han situado en un mal lugar en cuanto a la gestión de la mayor crisis sanitaria que hemos vivido.
A pesar de que gran parte de los resultados de esta pandemia se deben a la nefasta gestión de la misma por parte del gobierno español, el impacto de la misma no ha sido igual en todos los departamentos. En los hospitales del grupo Ribera Salud, el porcentaje de profesionales contagiados ha estado por debajo del 4 %, frente al 16 % de los departamentos de gestión directa, y en alguno de sus hospitales por debajo del 2%. La diferencia ha estado en el análisis de necesidades, la previsión y la anticipación, es decir en la gestión.
El sectarismo ideológico del actual gobierno del Botanic lo mantiene ciego y sordo ante lo que debería ser su única guía, el interés de los valencianos.
Al parecer, no han tenido bastante con la experiencia de la reversión del Hospital de Alzira, antes un hospital vanguardista, pionero, excelente en sus resultados tanto clínicos, como de accesibilidad y económicos, y que tras dos años de gestión directa ha empeorado todos sus indicadores asistenciales, aumentando las listas de espera a pesar de contar con 800 profesionales más, desviando pacientes a la privada e incrementando de forma brutal el gasto de las arcas publicas de todos los valencianos.
No en vano, incluso la Sindicatura de Cuentas de la Generalitat valencia, a petición de un informe por parte de este mismo gobierno, ya dictaminó que el modelo del Hospital de Torrevieja ahorra 45 millones cada año a los valencianos, al tiempo que es uno de los mejor valorados por pacientes y profesionales. ¿Qué más se puede pedir?
Pues a pesar de todos estos datos, este gobierno parece empeñado en destruir lo que funciona. Y ¿saben qué? La ideología no debería imponerse a la calidad de la asistencia sanitaria, que en el caso del departamento de Torrevieja ha quedado acreditada como de las mejores entre el resto de departamentos de salud de la Comunidad Valenciana desde hace años. Y por mucho que repitan su mantra no podrán rebatir la verdad: El hospital de Torrevieja es Sanidad pública. Es una pena, pero parece claro que ni cambian ni aprenden.
Y todo esto lo dicen sin valorar (increíble) lo descabellado que supone intentar cambiar el modelo de gestión de un departamento en el contexto de una pandemia mundial como la actual, que nos va a acompañar durante un tiempo todavía. Porque una reversión además supone un gran inversión de recursos públicos en un escenario de próximos recortes debido a la grave crisis económica que la pandemia está produciendo, como reconocía hace unos días el propio presidente de la Comunidad, Ximo Puig.
Los gobiernos están para resolver problemas atendiendo las necesidades de los ciudadanos, y deberían centrarse en mejorar nuestra vida, no en causarnos nuevos problemas. Atiendan a los expertos, aprendan y dejen de lado ese sectarismo suicida que solo sirve para empeorar la vida de los ciudadanos.
Artículo de opinión de Carlos Rodrigo, presidente de SanitatSolsUna, publicado en Redacción Médica el 4 de julio de 2020
Los profesionales sanitarios quieren mostrar su descontento con las directrices que está siguiendo Sanidad en cuanto al cumplimiento del convenio.
La protesta iniciada el pasado viernes, 8 de noviembre, por los profesionales sanitarios de la Comunidad Valenciana a las puertas de los hospitales y centros de salud, ha vuelto a repetirse a lo largo de esta jornada.
NOTICIA PUBLICADA EN EL MUNDO COMUNIDAD VALENCIANA EL 17/11/19
El subsecretario de Sanidad, David Fernández, advirtió ayer a los responsables sindicales del Hospital de la Ribera de que la negociación del convenio colectivo tiene dos líneas rojas que ha marcado la Abogacía de la Generalitat. En concreto, recordó que la condición de los empleados del centro, que fue devuelto a la red hospitalaria pública el 1 de abril de 2018, es ‘a extinguir’ y que la única forma de mejorar sus condiciones laborales es con la superación de una oposición.
Durante la reunión de ayer también se solicitó, por parte de los trabajadores de Alzira, un mayor contacto con los responsables de Sanidad para negociar el convenio (incluso semanal), y el subsecretario se comprometió a establecer un calendario de reuniones.
La directora general de Recursos Humanos de Sanidad, Carmen López, ha recibido dos respuestas -que han supuesto dos jarros de agua fría- por parte de la Abogacía de la Generalitat Valenciana a sus pretensiones para el personal del Hospital de la Ribera que fue incorporado a la plantilla pública del servicio valenciano de salud el 1 de abril de 2018, tras la reversión del centro de Alzira.
Los sindicatos que negocian con la Conselleria (UGT, CCOO, CSIF, Cemsatse y Simap) disponen de dos informes en los que se aprecia claramente que la directora general buscó respuestas ante al órgano consultivo para poner en marcha el convenio colectivo que lleva atascado meses sin ningún atisbo de resolverse. El problema se halla en que, en los dos textos, la Abogacía ha ido tumbando cualquier posibilidad de incorporar mejoras para los trabajadores del hospital de Alzira con las que Carmen López quería activar el convenio que afecta a 1.950 empleados.
El resultado se ha convertido en una encrucijada que perjudica especialmente a los trabajadores que ya ven un escollo irresoluble por la incapacidad de la Dirección General de Recursos Humanos.
López, a sabiendas de que la mayoría de la plantilla se encuentra en un limbo legal al tener la consideración de personal ‘a extinguir’, preguntó por: la aplicación de la jubilación parcial anticipada, el procedimiento de promoción interna y movilidad interna, ampliación de jornada completa de los contratos de carácter indefinido a tiempo parcial y por las cláusulas de estabilidad en el empleo. Unas condiciones laborales que no se contemplan en la figura del empleado ‘a extinguir’ y que la directora general de Recursos Humanos conocía.
Pese a saber que eran cuestiones excluidas de la negociación colectiva del convenio de los trabajadores de La Ribera, López insistió en dos ocasiones a la Abogacía y, por tanto, contribuyó a que el convenio de la plantilla, que proviene de una concesión administrativa, quedara enquistado sine die.
Una congestión sin ningún tipo de avance como demuestra que, desde las dos últimas reuniones con los sindicatos a primeros de año (el 10 de enero y el 7 de febrero), la negociación del convenio se mantiene paralizada.
El primer informe de la Abogacía que esgrimen los sindicatos -que se quejan del colapso del convenio colectivo-, está fechado el 21 de enero de 2019. En ese informe se tilda de «anclaje normativo utilizado por las Cortes Valencianos» el procedimiento que se usó «para integrar en la Generalidad a los trabajadores de servicios públicos internalizados».
Se recuerda, de igual modo, en el texto legal, que el personal afectado procedente de Ribera Salud II UTE «seguirá en sus puestos en condición de personal ‘a extinguir’, desempeñando sus tareas y con idéntica condición de personal laboral hasta que cese por las causas legales de extinción de los contratos laborales previstas en el Estatuto de los Trabajadores».
Se recuerda además que existen en el derecho laboral «zonas de exclusión de la negociación colectiva» y se recalca la excepcionalidad y transitoriedad de la figura del personal ‘a extinguir’, así como «la existencia de un estatuto propio para este colectivo». Dicho de otro modo, los trabajadores ‘a extinguir’ no pueden acogerse a la jubilación parcial anticipada, el procedimiento de promoción interna y movilidad interna, a la ampliación de jornada completa de los contratos de carácter indefinido a tiempo parcial y a las cláusulas de estabilidad en el empleo, según la abogacía, hasta que abandonen la figura de ‘a extinguir’.
Segundo informe
No contenta con las rotundas advertencias de la Abogacía, López volvió a reformular las mismas cuestiones y recibió otro informe del órgano jurídico de la Generalitat Valenciana 10 días más tarde (31 de enero de 2019). Dicho informe, en definitiva, significó otro varapalo contra la directora general porque en sus conclusiones desmontó uno por uno los argumentos de Carmen López.
«No es posible reconocer la jubilación parcial al personal a extinguir […] al prever que continuará en su puesto de trabajo hasta que cese e impide novar su tiempo completo por otro a tiempo parcial de jubilación parcial», según se expone en el segundo dictamen de la Abogacía que también avisa de que el personal ‘a extinguir’ «no puede ascender de categoría porque el convenio limita la promoción interna a plazas de nueva creación o vacantes, las cuales deben ser cubiertas por personal estatutario».
De igual modo, niega que el personal ‘a extinguir’ con jornada a tiempo parcial pueda convertir su contrato en otro de tiempo completo «por que tanto el convenio como la jurisprudencia exigen para ello extinguir el contrato originario».
Por último, recuerda que denunciado el convenio, «éste mantendrá su vigencia con carácter indefinido porque en él se ha previsto la prórroga legal del mismo hasta que se alcance un acuerdo expreso sobre un nuevo convenio».
malestar
Ante esta situación de parálisis, los sindicatos integrantes del comité del empresa del Hospital de La Ribera ya han advertido de su malestar con la consellera de Sanidad, Ana Barceló, por la falta de interlocución y por la paralización del convenio colectivo que afecta ya a las condiciones laborales de los trabajadores del centro.
Los sindicatos han criticado además la poca sensibilidad que ha mostrado la Administración con el hospital de Alzira: «Nos emplazaban siempre a la negociación del nuevo convenio y en todo este tiempo no nos hemos reunido y los laborales estamos perdiendo derechos. No nos parece correcto y hemos tenido paciencia y la única vía es la judicial».
El ex director del Departamento de salud de La Ribera, Javier Palau, analiza en el digital El Economista.es la reversión a la gestión directa de la Conselleria de Sanidad del Hospital de La Ribera y los centros de salud del área, así como sus consecuencias para pacientes y profesionales.
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