SanitatSolsUna recuerda que hace solo dos años y cuatro meses de la reversión a la gestión pública directa de este departamento y los médicos ya se han plantado y anuncian movilizaciones semanales por los “tintes dramáticos” de la “falta de previsión de Sanidad”
Alzira, 28 de julio de 2020.- Dos años y cuatro meses después de la reversión a la gestión pública directa del Hospital de La Ribera, los profesionales sanitarios no pueden más. Uno de los servicios que peor lo está pasando es el de Urgencias de este centro hospitalario, que en los últimos meses ha denunciado en varias ocasiones la falta de medios, el desastre en la planificación, contrataciones de personal sin experiencia y la ausencia de circuitos seguros que ayuden a prevenir posibles contagios por COVID. “La situación ha adquirido ya tintes dramáticos”, aseguraban ayer en un comunicado, tras manifestarse en la puerta del hospital.
Desde SanitatSolsUna, no solo se confirman las malas condiciones en las que trabajan los profesionales de este servicio sino que se recuerda que la Conselleria de Sanidad sabía con antelación de las consecuencias e implicaciones que el cambio en la gestión iba a ocasionar en el trabajo de los profesionales y, por consiguiente, en la atención sanitaria que reciben los ciudadanos de este departamento. “Los profesionales piden una plantilla y unas condiciones laborales adecuadas a la situación actual, y no es para menos, porque la propia Conselleria de Sanidad reconoció en plena pandemia que uno de los hospitales con más contagios entre profesionales fue el de La Ribera”, aseguran desde esta asociación. “No es de recibo que con estos precedentes y en un contexto de rebrotes diarios y la amenaza de una segunda oleada de COVID, Sanidad contrate a médicos recién licenciados para el Servicio de Urgencias, sin ninguna experiencia, porque están en primaria línea de la lucha contra el virus y su criterio puede ser crucial en la detección y primeras tomas de decisiones para luchar contra este virus”, añaden.
Para la asociación que defiende la excelencia en la atención sanitaria, independientemente del modelo de gestión, “el notable cambio a peor del Hospital de La Ribera coincide con el paso a la gestión directa de la Conselleria de Sanidad”. “Antes no había problemas con los trabajadores, ni movilizaciones por falta de personal o recursos de ningún tipo, era un hospital modélico y ejemplar para otros centros sanitarios”, aseguran desde SSU, que añade: “Ahora es otro de los hospitales caóticos, con falta de recursos y mala organización de la Conselleria de Sanidad, donde valiosísimos profesionales se baten el cobre por atender a sus pacientes lo mejor posible, con los escasos recursos a su alcance”, añaden. Y recuerdan: “Esta es la situación a la que puede llegar en apenas dos años el Hospital de Torrevieja si el Gobierno valenciano continúa empeñado en la reversión a la gestión directa”.
Por último, desde SSU se alerta de que “en este contexto, no es de extrañar que a los visitantes extranjeros o de otras regiones de España les vuelva a asustar desplazarse a los municipios turísticos de este departamento que, sin duda, acusarán aún más si cabe este verano incierto. Porque tener cerca un hospital que genera confianza en los turistas es tan importante como una buena playa, y en La Ribera las playas las tienen, pero el centro sanitario no ofrece garantía alguna”.
Es una verdadera pena que la fuerte inversión que realiza la administración para la formación de médicos especialistas termine exportándose a otros países que se benefician de la excelente formación médica de nuestro país». La presidenta del Ilustre Colegio de Médicos de Valencia, la doctora Mercedes Hurtado, lamenta así que se esté produciendo esta fuga de profesionales de la medicina con alta formación motivada, bajo su percepción, por unas mejores condiciones retributivas, laborales y de reconocimiento profesional. Este éxodo de profesionales, que el Sindicato Médico calcula que este año se elevará a 400 en la Comunitat, supone un coste de formación cercano a los 15 millones de euros anuales, cifra que se dispara en los casos en las que los alumnos realizan el MIR en la región.
El coste de los estudios universitarios se reparte entre las propias instituciones -incluyendo las aportaciones de las administraciones públicas que las financian, que suponen el mayor ingreso con diferencia-, y las tasas de matrícula que abona el alumno. Hacer el cálculo no es sencillo, pues influyen muchos factores, desde el tipo de instalaciones y equipos de la facultad (más o menos costosos), hasta el perfil del profesorado, pasando por la cantidad de alumnos por aula. Sin embargo sí se pueden plantear aproximaciones, que coinciden con las únicas referencias oficiales que existen.
En la actualidad, en la Comunitat, los universitarios asumen entre el 15% y el 20% del coste total de los estudios que cursan. Para entender el cálculo hay que echar la vista atrás, hasta el verano de 2012, cuando tras el decreto de racionalización del gasto educativo se modificó el procedimiento para fijar las tasas de matrícula. Entonces el Gobierno estableció que los alumnos deberían asumir entre el 15% y el 25% del coste total de sus carreras, dejando que las comunidades decidieran el porcentaje exacto. En la valenciana se optó por un 20% para la primera matrícula, fijándose el precio del crédito en el caso de Medicina en 24,64 euros. Sin embargo este valor ha cambiado con el Botánico tras la bajada de las tasas hasta situarse en 21,16 euros. Aunque oficialmente se desconoce el porcentaje que se empleó, no ha llegado a ser inferior del 15%. Y esto es lo que permite la aproximación.
En el mejor de los casos, en el que el alumno asume la parte más baja de la horquilla (el 15% del crédito, que equivale a 21,16 euros) implicaría que la administración y las universidades asumen el 85% restante del coste formativo, lo que se traduciría en 119,9 euros. Si se multiplica esta cantidad por los 360 créditos de la carrera, cada estudiante cuesta a estas últimas 43.166 euros. En el caso de tomar el porcentaje más elevado del caso valenciano (20%), la cifra se reduciría a 30.470 euros por alumno. Es lógico teniendo en cuenta que si el estudiante aporta más dinero, menos le cuesta a la otra parte. Por último, tomando el término medio, que sería el más ajustado a la situación actual tras la bajada de las tasas del Botánico, se puede inferir que el universitario asume el 17% del gasto que supone su formación. En este caso, el 83% que compete a administraciones y universidades se traduce en 37.191 euros por estudiante (103,31 por crédito). Y si esta cuantía se multiplica por los 400 médicos que se van al extranjero (asumiendo que todos se formaron en la Comunitat), el coste para las instituciones públicas se eleva a 14,8 millones de euros.
La cifra es más o menos coincidente con las escasas aproximaciones que se han hecho sobre la materia. En un reciente informe impulsado por el Consejo Estatal de Estudiantes de Medicina, el Foro de la Profesión Médica y la Conferencia de Decanos de Facultades de Medicina -en la que abogaban por no autorizar nuevas carreras ante el riesgo de saturación del sector y la pérdida de talento ya formado-, se utilizaba como argumento que cada alumno implicaba un gasto de 6.000 euros anuales. Es decir, unos 36.000 teniendo en cuenta que la carrera dura seis años. Aunque se dejaba claro que no era un cálculo propio de las organizaciones, se utilizaba para argumentar el elevado coste financiero que supone formar médicos con el riesgo de que no puedan ejercer en España.
A lo largo del año, unos 400 médicos especialistas abandonarán la Comunitat para tratar de labrarse un futuro profesional en el extranjero, lo que agravará todavía más el déficit de estos profesionales que arrastra la región. Así lo auguran desde el Sindicato Médico CESMCV, desde donde calculan que, en los próximos cinco años, faltarán entre 5.000 y 7.000 médicos de Primaria y Especializada en toda España por el envejecimiento del sector y la falta de reposición de este personal sanitario.
En concreto, sólo este año, la organización sindical calcula que más de 400 médicos especialistas se marcharán de la Comunitat a otros países, mientras que en toda España la cifra oscilará entre los 2.000 y los 4.000, según la formación sindical. «Las restricciones impuestas durante la crisis y los recortes para que acceda personal sanitario nuevo al sistema de salud pública nos han llevado a esta situación de falta de reposición», apuntaron ayer desde el Comité Ejecutivo de CESMCV. «Aunque el índice de paro es muy bajo entre los médicos, existe una precariedad y una falta de planificación que ha llevado a una carencia de médicos de Primaria y atención hospitalaria que va aumentado conforme se acerca la fecha de jubilación de los profesionales de medicina que nacieron entre 1950 y 1965», añadieron desde el sindicado. Y es que los jóvenes médicos valencianos preparados «continúan yéndose a otros países donde cobran el doble o el triple y donde les aseguran un puesto de trabajo en condiciones», apuntaron las mismas fuentes.
Así, para que no faltaran médicos especialistas, según el sindicato se precisa formar de 12.000 a 13.000 en los próximos años. «La consecuencia a la situación actual es una falta acuciante de médicos de Primaria, pediatras y especialistas como radiólogos, anestesistas, cardiólogos, traumatólogos y urólogos, entre otras especialidades», resumieron. «Se trata de un problema nacional que no afecta sólo a la Comunitat y al que el Ministerio de Sanidad debe poner las medidas necesarias para solventarlo», exigen desde el Sindicato Médico. Así las cosas, la organización sindical advierte de que si esta situación se prolonga «habrá una reducción de la calidad asistencial» que repercutirá en el paciente.
Por otra parte, y como ya recogió LAS PROVINCIAS, la formación calcula que sería necesario incrementar las plantillas con entre 3.000 y 5.000 nuevos profesionales en los próximos ocho o diez años para contar con un nivel asistencial adecuado en la región, autonomía que, después de Andalucía, presenta el ratio de médicos especialistas por cada 100.000 habitantes más bajo de todo el país, como recoge el estudio «Estimación de la oferta y la demanda de médicos especialistas. España 2018-2030» del Ministerio de Sanidad.
Las perspectivas de futuro, además, son poco halagüeñas por la cascada de jubilaciones previstas para los próximos años. Según el citado informe, el 52,6% de los médicos de la sanidad pública valenciana tiene más de 50 años y el 22,1% supera los 60 años, de ahí que o se incrementa el ritmo de reposición de estos especialistas o el sistema público sanitario se verá seriamente amenazado, sobre todo en las especialidades que acumulan un déficit mayor. Pediatría, traumatología, anestesiología, ginecología, medicina familiar, cirugía (especialmente pediátrica y general), alergología, reumatología y geriatría son las áreas que sufren de forma más relevante las carencias de profesionales, según apuntan tanto desde CESMCV como desde el área sanitaria del sindicato CSIF.
En el ámbito de la enfermería la situación no es mucho mejor, y desde el Sindicato de Enfermería Satse calculan que, para alcanzar los ratios europeos, la Comunitat necesitaría incrementar las plantillas en cerca de 20.000 sanitarios. La región se sitúa la tercera por la cola con los ratios por paciente más bajos.
Sin embargo, no es tan fácil como parece atajar el problema. La respuesta más obvia sería la de reclamar que se incremente el número de plazas de las especialidades médicas, al menos en las áreas más deficitarias, pero como advierten distintos especialistas el problema radica en que «no hay médicos». Por ejemplo, en la Comunitat hay cerca de 200 plazas de pediatra en Atención Primaria que se han cubierto con médicos de familia al no contar con especialistas en la materia.
Una nueva auditoria operativa de la Sindicatura de Cuentas de la Comunidad Valenciana, esta vez sobre el departamento de Salud de Torrevieja, gestionado por el modelo de colaboración público-privado desde hace 11 años, asegura, por destacar algunas de sus conclusiones, que ahorra 45 millones al año y tiene 38 días de espera media frente a los 115 días de la Comunidad valenciana.
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