SanitatSolsUna (SSU) se hace eco de la denuncia que ha llegado al comité de empresa desde el Servicio de Urgencias de Alzira que alerta de una “gestión deficiente” que provocará “retrasos diagnósticos con consecuencias” entre los pacientes y avisa: No hay circuitos separados para evitar contagios por COVID en La Ribera
Alzira, 7 de julio de 2020.- SanitatSolsUna (SSU), la asociación que defiende la excelencia en la atención sanitaria independientemente del modelo de gestión, se ha hecho hoy eco de la denuncia presentada ante el comité de empresa por parte del Servicio de Urgencias del Hospital de La Ribera, alertando sobre la escasez de personal y la gestión deficiente del centro, que pasó a depender directamente de la Conselleria de Sanidad hace apenas dos años y medio, y que puede derivar, según aseguran los propios sindicatos “en retrasos diagnósticos con consecuencias” para los pacientes. “Es una temeridad que Sanidad ignore la falta de medios en Urgencias del Hospital de La Ribera”, aseguran desde SSU.
Para la asociación, “esta es otra de las consecuencias de una reversión a la gestión pública que fue puramente ideológica y que solo ha conseguido aumentar las listas de espera y empeorar la atención a los ciudadanos a pesar de haber aumentado la plantilla en más de 500 personas”. Según la denuncia del comité de empresa a la que ha tenido acceso también SSU, los sindicatos ponen en conocimiento de la Conselleria de Sanidad, a petición de los profesionales de Urgencias, que “desde hace tiempo no se cubren ni se sustituyen bajas, incidencias, permisos y jubilaciones”, una situación que esta pandemia no ha hecho sino empeorar porque ha habido personal de baja por el virus “y el resto ha tenido que cubrir esas ausencias”.
Los trabajadores de La Ribera se quejan del desastre en la gestión y organización del centro sanitario tras la reversión de hace dos años y cuatro meses. “Hay un continuo cambio de turnos y planillas que dificultan la planificación de los trabajadores y su conciliación laboral y familiar”, aseguran. A lo que añaden otra preocupación para la plantilla y también para los ciudadanos a los que atienden: “Para este verano se han contratado como adjuntos a recién licenciados en Medicina, que ni siquiera han comenzado su residencia, porque la inician en septiembre, por lo que carecen de la mínima experiencia necesaria para trabajar en Urgencias”. Todo ello, añaden, con contratos precarios y por horas, lo que no dudan en calificar como “temeridad absoluta”. “El riesgo psicosocial del personal es máximo y ustedes no están trabajando para mejorarlo”, critican.
Y no solo eso. También a SanitatSolsUna ha llegado la denuncia de los profesionales de La Ribera alertando de la falta de seguridad para el personal sanitario y los ciudadanos de este Departamento de Salud puesto que el hospital de Alzira “no cumple con las recomendaciones de Sanidad ni de los expertos de contar con circuitos separados en Urgencias para enfermos con síntomas respiratorios y el resto, con el fin de evitar posibles contagios por COVID”. Y todo ello, añaden, a sabiendas de que este departamento triplica su población en verano, por los municipios turísticos de la costa que le corresponden.
Para el presidente de SanitatsolsUna, Carlos Rodrigo, “a los dirigentes políticos se les llena la boca de hablar de Sanidad pública pero lo único que hacen es destrozarla y además, atacar modelos de gestión que se han demostrado que funcionan, no tienen listas de espera, dan buena atención a los ciudadanos y garantías de seguridad y buenas condiciones de trabajo a los profesionales sanitarios”. Por todo ello, concluye Carlos Rodrigo, “es comprensible que la denuncia de trabajadores y sindicatos incluya varios destacados, asegurando que ellos ya lo han avisado en muchas ocasiones y que, por tanto, la Conselleria de Sanidad es la única responsable de cualquier reclamación, queja o denuncia por su gestión deficiente”. “Los profesionales sanitarios no pueden más y han dicho basta”, ha concluido.
La asociación ha pedido al Gobierno central y al Consell que estén “a la altura” de los profesionales sanitarios y que eviten declaracio- nes “tan desafortunadas” como las realizadas por Ana Barceló
Alzira, 25 de marzo de 2020.- SanitatSolsUna (SSU), asociación que defiende la excelencia en la atención sanitaria, ha criticado hoy el retraso en la toma de decisiones sobre las medidas preventivas por el COVID19 y la falta de material para personal sanitario durante las dos últimas semanas. “Hemos ido a rebufo, tarde y mal, y como consecuencia, todos los ciudadanos estamos sufriendo las consecuencias, pero especialmente los profesionales sanitarios”, aseguran desde SSU.
Desde la asociación se recuerda que 5.400 profesionales sanitarios están in- fectados por el COVID19, según informó ayer el director del Centro de coordi- nación de Alertas y Emergencias Sanitarias del Ministerio de Sanidad, Fernan- do Simón. “Si nos falla la primera línea de defensa y lucha contra esta pande- mia global, estamos perdidos. Por eso es responsabilidad de las instituciones velar por su salud y garantizar que cuentan con todos los medios materiales y humanos para que puedan cuidar del resto de la población”, aseguran desde la asociación.
SSU han pedido, además, a las diferentes instituciones que estén “a la altura” de los profesionales sanitarios y que eviten declaraciones “tan desafortunadas” como las realizadas por la consellera valenciana, Ana Barceló, con respecto al personal de todos los centros sanitarios de la Comunidad Valenciana. “Siempre se dejan la piel por atender a los pacientes pero estos días el nivel de exigen- cia, el volumen de trabajo y la presión asistencial y emocional les convierte en auténticos héroes, solo por seguir velando por la salud de todos nosotros”, han añadido.
Desde la asociación que defiende la excelencia en la gestión sanitaria se han puesto en valor la colaboración público privada en la gestión de esta crisis. “Frente a quienes han dedicado su vida a atacar esta alianza, en esta crisis se ha demostrado que tanto en el ámbito sanitario como en el empresarial, la ini- ciativa privada está demostrando no solo que está a la altura de las circunstan- cias sino que la flexibilidad en la gestión de los recursos, materiales y huma-
nos, está salvando en muchas ocasiones los problemas que genera la rigidez de las administraciones en materia de contratación, compras, etc”. Desde SSU se ha recordado que la Alianza de la Sanidad privada informó ayer que el 10,4% de los pacientes con COVID están ahora mismo en hospitales privados y que es a estos centros a donde se están desviando pacientes de hospitales públicos con otras patologías para intervenciones y tratamientos urgentes.
Es una verdadera pena que la fuerte inversión que realiza la administración para la formación de médicos especialistas termine exportándose a otros países que se benefician de la excelente formación médica de nuestro país». La presidenta del Ilustre Colegio de Médicos de Valencia, la doctora Mercedes Hurtado, lamenta así que se esté produciendo esta fuga de profesionales de la medicina con alta formación motivada, bajo su percepción, por unas mejores condiciones retributivas, laborales y de reconocimiento profesional. Este éxodo de profesionales, que el Sindicato Médico calcula que este año se elevará a 400 en la Comunitat, supone un coste de formación cercano a los 15 millones de euros anuales, cifra que se dispara en los casos en las que los alumnos realizan el MIR en la región.
El coste de los estudios universitarios se reparte entre las propias instituciones -incluyendo las aportaciones de las administraciones públicas que las financian, que suponen el mayor ingreso con diferencia-, y las tasas de matrícula que abona el alumno. Hacer el cálculo no es sencillo, pues influyen muchos factores, desde el tipo de instalaciones y equipos de la facultad (más o menos costosos), hasta el perfil del profesorado, pasando por la cantidad de alumnos por aula. Sin embargo sí se pueden plantear aproximaciones, que coinciden con las únicas referencias oficiales que existen.
En la actualidad, en la Comunitat, los universitarios asumen entre el 15% y el 20% del coste total de los estudios que cursan. Para entender el cálculo hay que echar la vista atrás, hasta el verano de 2012, cuando tras el decreto de racionalización del gasto educativo se modificó el procedimiento para fijar las tasas de matrícula. Entonces el Gobierno estableció que los alumnos deberían asumir entre el 15% y el 25% del coste total de sus carreras, dejando que las comunidades decidieran el porcentaje exacto. En la valenciana se optó por un 20% para la primera matrícula, fijándose el precio del crédito en el caso de Medicina en 24,64 euros. Sin embargo este valor ha cambiado con el Botánico tras la bajada de las tasas hasta situarse en 21,16 euros. Aunque oficialmente se desconoce el porcentaje que se empleó, no ha llegado a ser inferior del 15%. Y esto es lo que permite la aproximación.
En el mejor de los casos, en el que el alumno asume la parte más baja de la horquilla (el 15% del crédito, que equivale a 21,16 euros) implicaría que la administración y las universidades asumen el 85% restante del coste formativo, lo que se traduciría en 119,9 euros. Si se multiplica esta cantidad por los 360 créditos de la carrera, cada estudiante cuesta a estas últimas 43.166 euros. En el caso de tomar el porcentaje más elevado del caso valenciano (20%), la cifra se reduciría a 30.470 euros por alumno. Es lógico teniendo en cuenta que si el estudiante aporta más dinero, menos le cuesta a la otra parte. Por último, tomando el término medio, que sería el más ajustado a la situación actual tras la bajada de las tasas del Botánico, se puede inferir que el universitario asume el 17% del gasto que supone su formación. En este caso, el 83% que compete a administraciones y universidades se traduce en 37.191 euros por estudiante (103,31 por crédito). Y si esta cuantía se multiplica por los 400 médicos que se van al extranjero (asumiendo que todos se formaron en la Comunitat), el coste para las instituciones públicas se eleva a 14,8 millones de euros.
La cifra es más o menos coincidente con las escasas aproximaciones que se han hecho sobre la materia. En un reciente informe impulsado por el Consejo Estatal de Estudiantes de Medicina, el Foro de la Profesión Médica y la Conferencia de Decanos de Facultades de Medicina -en la que abogaban por no autorizar nuevas carreras ante el riesgo de saturación del sector y la pérdida de talento ya formado-, se utilizaba como argumento que cada alumno implicaba un gasto de 6.000 euros anuales. Es decir, unos 36.000 teniendo en cuenta que la carrera dura seis años. Aunque se dejaba claro que no era un cálculo propio de las organizaciones, se utilizaba para argumentar el elevado coste financiero que supone formar médicos con el riesgo de que no puedan ejercer en España.
(NOTICIA PUBLICADA EN EL MUNDO COMUNIDAD VALENCIANA)
5 de junio de 2019. Los jefes de Zona Básica de Salud del Departamento de Castellón han denunciado en un comunicado el «progresivo deterioro» de la Atención Primaria en este departamento.
Tras una reunión celebrada este lunes, han acordado una nota conjunta en la que denuncian la «alarmante falta de recursos humanos» que provoca el «deterioro» de la atención sanitaria en este departamento.
Alertan de que estas carencias generarán durante el periodo estival el cierre de consultorios auxiliares de verano y se producirán demoras en la atención en los diferentes centros de salud del departamento. «Esto conllevará que los médicos de familia no sean capaces de garantizar la máxima calidad en la atención sanitaria que los pacientes merecen», han advertido.
Una nueva auditoria operativa de la Sindicatura de Cuentas de la Comunidad Valenciana, esta vez sobre el departamento de Salud de Torrevieja, gestionado por el modelo de colaboración público-privado desde hace 11 años, asegura, por destacar algunas de sus conclusiones, que ahorra 45 millones al año y tiene 38 días de espera media frente a los 115 días de la Comunidad valenciana.
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